Redada en Fundación: funcionarios habrían usado datos falsos y de fallecidos para expedir cédulas

La Fiscalía General de la Nación judicializó a una funcionaria y a dos exfuncionarios de la Registraduría de Fundación, Magdalena, además de un guarda de seguridad, por su presunta participación en una red dedicada a facilitar la expedición irregular de documentos de identidad colombianos a ciudadanos extranjeros.

De acuerdo con la investigación, los implicados habrían intervenido en al menos 20 trámites fraudulentos relacionados con registros civiles, tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía, documentos que eran entregados principalmente a migrantes venezolanos y dominicanos.

Según el ente acusador, estas personas presuntamente aprovechaban sus cargos en la sede de la Registraduría de Fundación para ingresar información falsa en los sistemas oficiales y avalar documentación con datos irregulares. Las autoridades señalaron que, en algunos casos, incluso fueron utilizadas cartas de respaldo asociadas a ciudadanos fallecidos.

La investigación indica que por cada trámite ilegal se cobraban sumas entre 1.200 y 1.500 dólares. Con los documentos obtenidos, los migrantes podían movilizarse por Colombia y gestionar pasaportes para viajar hacia destinos como Estados Unidos, México y varios países de Europa, aparentando ser ciudadanos colombianos.

Entre los judicializados se encuentran la funcionaria Milena Sanjuanelo Castiblanco, los exservidores Karen Liliana Mariño Rodríguez y Aníbal José Rojano Arévalo, así como el guarda de seguridad Luis Alberto Cantillo Vizcaíno.

Las capturas fueron realizadas por agentes del CTI, con apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), el Ejército Nacional y Migración Colombia, en operativos adelantados en Santa Marta y Fundación.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes agravado. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

Por decisión de un juez de control de garantías, Milena Sanjuanelo Castiblanco y Aníbal José Rojano Arévalo deberán cumplir medida de aseguramiento en sus lugares de residencia, mientras que los demás continuarán vinculados al proceso judicial.