¿Quiénes se quedan con el agua del río Aracataca?

Bocas de Aracataca era uno de los últimos tres pueblos palafitos de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Hasta hace dos décadas, en este corregimiento de Puebloviejo, Magdalena, ubicado donde desemboca el río Aracataca tras su recorrido desde la Sierra Nevada de Santa Marta, vivían sobre el agua todo el año –en algunos sectores superaba los dos metros de profundidad–, los pobladores iban de una vivienda a otra a bordo de canoas o lanchas y abundaban los peces.

En la actualidad el panorama es muy distinto. En los meses secos el cauce del río Aracataca se convierte en un camino de tierra por donde transitan caballos y motocicletas y las 20 familias que aún residen en este corregimiento, donde la madrugada del 11 de febrero del 2000 paramilitares del Bloque Norte asesinaron a cuatro pescadores y hubo un desplazamiento masivo, padecen por la falta de agua y comida.

Los dueños de grandes fincas palmeras, según los pobladores, desvían el cauce del río, construyendo talanqueras con sacos de arena, troncos e incluso utilizando maquinaria pesada para represar el agua con el fin de conducirla hacia sus predios para el riego de cultivos. “En los meses de enero y febrero no entra nada de agua al pueblo. Tenemos que ponernos los calambucos (recipiente para almacenar líquidos) en el hombro y caminar hasta un kilómetro para buscar agua o hacer pozos donde quedan los charcos. Ahí también consumen el agua los animales. Las trancas que ponen de arena y palos, cuando llega la creciente vienen a caer aquí, a la parte baja. Esto se llena de sedimentos”, contó José*, uno de los pobladores.

Desde Ciénaga, el segundo municipio del Magdalena, se llega a Bocas de Aracataca –también conocido como Trojas de Cataca– tras navegar una hora en lancha por la Ciénaga Grande. En la entrada hay un letrero con el nombre del pueblo y el lanchero tiene que bajarse para empujar la embarcación porque el nivel del agua es muy bajo.

A comienzos de agosto pasado, por la desembocadura del río Aracataca corría agua porque estaba lloviendo en la Sierra Nevada y, además, el alcalde de Puebloviejo, Wilfrido Ayala, contrató unas obras de dragado, para mejorar el cauce, con una inversión de 300 millones de pesos. No obstante, en algunos sectores el agua no superaba las rodillas de sus pobladores y en el pueblo se veían vacas pastando. “Esto con el tiempo se va a convertir en una finca”, comentaba la gente al ver el bajón del agua.

Hace unos años los ‘bongoductos’ o embarcaciones utilizadas en los pueblos palafitos Nueva Venecia y Buenavista para transportar agua dulce se abastecían en la desembocadura del río Aracataca. Pero ahora que está sedimentada y que no llega suficiente agua, deben ir hasta el caño Aguas Negras, por donde ingresa el río Magdalena, que tiene una alta carga de sedimentos y contaminantes.

Ayala nació en Bocas de Aracataca y desde que asumió la Alcaldía en 2016 viene denunciando ante la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), el Ministerio de Ambiente, la Fiscalía, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Presidencia, el desvío ilegal del río Aracataca lo que, según él, no solo afecta a este corregimiento,sino a la Ciénaga Grande de Santa Marta, considerada la principal ‘industria’ del municipio porque la mayoría de la población deriva su sustento de la pesca.

En un recorrido realizado el 6 de febrero pasado por funcionarios de la Alcaldía de Puebloviejo,Corpamag y la Policía Ambiental se evidenció que las fincas El Jayo, Suramérica, San Marcos, Palo Alto, Gavilán, Australia y Leyva, ubicadas en los municipios de Puebloviejo y El Retén, desviaron el cauce de los ríos Aracataca y Tucurinca, utilizando talanqueras o trinchos, para captar de manera ilegal el agua.

El informe técnico de Corpamag señala que en la finca Palo Alto, ubicada en la unión entre los ríos Aracataca y Tucurinca, se encontró un canal artificial de desviación del río con compuertas, maquinaria pesada realizando movimientos de tierra, personal ampliando el cauce del canal artificial y dos talanqueras artesanales hechas con piedras y palos.

En la finca Suramérica hallaron una compuerta de obra dura, con un canal artificial, y talanqueras artesanales atravesando todo el río Aracataca; en la finca Leyva se observó una motobomba de aproximadamente 18 pulgadas succionando el agua del río, con un canal artificial tipo talud; y en la finca Australia se evidenció la construcción de un canal artificial y una talanquera tipo talud, con la cual desviaban el curso del río hacia su predio.

Igualmente, en la finca San Marcos encontraron una talanquera artificial, construida con puntales de madera y sacos de arena, con la intención de desviar la mayor cantidad de agua del río Tucurinca hacia una canal artificial con compuertas; y en la finca El Jayo identificaron talanqueras o diques artesanales atravesando el río Aracataca, con el fin de desviar el agua hacia una bocatoma de este predio.

A raíz de estos hallazgos, Corpamag abrió una indagación preliminar contra los propietarios de los predios Palo Alto, Suramérica, Australia, El Jayo, San Marcos y Leyva por la presunta obstrucción del cauce de los ríos Aracataca y Tucurinca y la captación ilegal del recurso hídrico.

En un recorrido realizado en abril de 2016 estas fincas habían incurrido en las mismas irregularidades. En esa oportunidad, en El Jayo, ubicada en el corregimiento San Juan de Palos Prieto, capturaron a Rafael Cárdenas Landeta, Luis Mariano Lara de la Rosa, Julio Pérez Agamez y Carlos Julio Ávila Valera, quienes fueron sorprendidos en flagrancia desviando el cauce del río Tucurinca y les sindicaron el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, pero al día siguiente, según Ayala, fueron dejados en libertad.

En el operativo también se incautaron dos motobombas, 15 metros de mangueras, tres palas, una pica e inmovilizaron una retroexcavadora, con la que estaban trabajando en la finca Suramérica. Además, encontraron mezcladoras y material para hacer represas en concreto.

“La finca Suramérica tiene una infraestructura de ingeniería civil dentro del río, un tipo de compuertas con unas barreras de contención que superan los cuatro metros de altura y cinco metros de ancho. No sé qué autoridad ambiental les daría los permisos para hacer estas infraestructuras”, expresó Ayala en su despacho.

El subdirector de Gestión Ambiental de Corpamag, Alfredo Martínez, dijo que en la visita de seguimiento que realizaron en marzo, con el acompañamiento de la Fiscalía, encontraron que en todos los predios habían quitado las talanqueras, pero a la mayoría les abrieron procesos sancionatorios.

En el caso de la finca Leyva, según Martínez, ésta ya no existe porque fue desenglobada y dividida en cinco predios, cada uno con un propietario distinto. “En el momento que encontramos el trincho estaba sobre la bocatoma del predio de la Sociedad Agropecuaria La Rosaleda S.A.S.

Cuando hicimos la visita con la Fiscalía ya no estaba el trincho, medimos caudales y encontramos que estaba excediendo el caudal que se le concesionó, por eso le abrimos un proceso sancionatorio”, explicó.

La Sociedad Agropecuaria La Rosaleda S.A.S., cuya representante legal es Rosamarie del Milagro Dávila Armenta, es propietaria del predio No. 5, ubicado en Puebloviejo, donde está una de las bocatomas que capta el agua del río Tucurinca para el riego del cultivo de palma africana.

En marzo de 2017 Corpamag autorizó una concesión de aguas del río Tucurinca a dicha sociedad (Ver resolución), en un caudal de 129 litros por segundo. No obstante, en una visita realizada el pasado 16 de marzo se logró evidenciar que dicho predio excedió el volumen de agua concesionada en 567 litros por segundo, puesto que estaba captando por gravedad 696 litros por segundo. (Ver auto).

A la finca Suramérica, ubicada en la margen derecha del río Aracataca, en la vereda Tierra Nueva, jurisdicción de Puebloviejo, Corpamag le ha abierto tres procesos sancionatorios por la presunta ocupación del cauce de este río y la captación ilegal del recurso hídrico. Uno en junio de 2016 y otros dos en junio de este año. Todos están en la etapa de inicio.

Este predio es propiedad de la Sociedad El Roble Agrícola S.A., cuyo representante legal es Alberto Mario Lacouture Pinedo, uno de los beneficiarios de los polémicos subsidios de Agro Ingreso Seguro durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En enero de 2017 la Corporación otorgó a esta sociedad una concesión de aguas superficiales del río Aracataca en un caudal de 421 litros por segundo para el riego de cultivos de palma africana, que en ese entonces hacían por gravedad mediante una bocatoma lateral con una estructura en concreto y tres compuertas metálicas. El agua del río era conducida a través de un canal principal en tierra y distribuida por gravedad mediante canales secundarios y terciarios. (Ver resolución)

Corpamag estableció que la Sociedad El Roble Agrícola S.A. debía cumplir en los seis meses siguientes al otorgamiento de la concesión con una serie de obligaciones, entre ellas, tecnificar el sistema de riego para optimizar el uso del agua y no construir trinchos o talanqueras sobre el cauce del río. No obstante, en el recorrido realizado en febrero pasado quedó en evidencia el incumplimiento de estas obligaciones.

“En Suramérica ha sido reiterativo el tema del trincho, pero en la última visita que hicimos el Personero de Puebloviejo y el inspector del corregimiento de Tierra Nueva manifestaron que este trincho había sido instalado por la comunidad porque es la única forma de que a este corregimiento le llegue agua”, afirmó Martínez.

A la finca Palo Alto le otorgaron una concesión de aguas superficiales del río Aracataca, en noviembre de 2016, en un caudal de 647 litros por segundo para el riego de cultivos de palma africana. Esta concesión tiene una vigencia de cinco años, sin embargo, en febrero de 2018 se evidenció que también incumplieron la obligación de erradicar los trinchos construidos sobre el cauce del mencionado río. (Ver resolución)

Esta finca, propiedad de la Sociedad International Affairs Interprise S.A.S., cuya representante legal es Valeria Gnecco Espinosa, tiene abiertos dos procesos sancionatorios por la ocupación del cauce del río Aracataca y la captación ilegal del recurso hídrico, uno en marzo de 2016 y otro en junio de este año. El primero está en etapa probatoria y el segundo de inicio. (Ver auto)

La finca El Jayo, según Martínez, también es conocida como Gavilán y tiene una situación especial porque anteriormente era propiedad de la Sociedad Maestre y Asociados S.A.S, cuyo representante legal es José Sebastián Maestre Ovalle, contra la cual se abrió en junio de 2016 un proceso sancionatorio por la presunta ocupación del cauce del río Aracataca. Dicho proceso está en la etapa de formulación de cargos.

Este predio, ubicado en el sector de Nápoles, en el municipio de El Retén, fue adquirido en 2017 por la Sociedad Derivados y Fracciones de Palma S.A.S., cuyo representante legal es Manuel Julián Dávila Abondano, presidente del Grupo Daabon, que también se benefició de Agro Ingreso Seguro.

A esta sociedad se otorgó en mayo pasado una concesión del río Aracataca en un caudal de 373 litros por segundo para el riego de cultivos de palma africana. (Ver resolución)

La finca San Marcos también tiene procesos sancionatorios. En junio de 2014, Corpamag abrió uno contra Carlos Lacouture Dangond, entonces propietario de este predio, por la presunta ocupación del cauce del río Tucurinca y la captación del agua de dicho río sin los permisos ambientales. En junio de este año abrió otro contra la Sociedad 2L Agro S.A.S., cuyo representante legal es Francisco Eduardo Lacouture Solano, su actual dueño, por las mismas infracciones. (Ver auto)

A la Sociedad 2L Agro S.A.S. le otorgaron el pasado 3 de agosto una concesión del río Tucurinca, en un caudal de 70 litros por segundo para el riego de cultivos de palma. Esta finca estaba captando las aguas del río mediante una bocatoma, con un canal de aducción en tierra de 300 metros de longitud, y las distribuía a los cultivos por gravedad o inundación, a través de canales de riego. (Ver resolución).

Martínez precisó que el proceso sancionatorio contra la finca Australia se cayó porque cuando hicieron la visita los administradores dijeron que pertenecía al exrepresentante a la Cámara Jaime Serrano, pero al consultar en la Oficina de Instrumentos Públicos aparecía registrada a nombre de Inversiones Herser S.A.S., cuyo representante legal es Juan Carlos Serrano, familiar del excongresista.

“Inicialmente se abrió el proceso contra el político, pero con la información de la matrícula inmobiliaria y el certificado de libertad y tradición se pudo establecer que el dueño era un familiar y tocó cerrar el proceso y abrirlo contra esta persona”, dijo Martínez, quien agregó que esta finca solicitó una concesión de agua del río Aracataca.

Al surtirse todas las etapas de los procesos sancionatorios se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a las que haya lugar, que van desde multas económicas, revocatoria de las concesiones y restauración de las zonas afectadas por el daño ambiental.

El expresidente del Senado, Efraín Cepeda, interpuso el 23 de abril pasado una acción popular contra Corpamag, el Ministerio de Ambiente y la Gobernación del Magdalena, los cuales por su acción u omisión han contribuido a la afectación de los derechos colectivos al medio ambiente sano y la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para el desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución de los habitantes de Bocas de Aracataca.

Esta acción popular fue admitida el 9 de mayo por el Tribunal Administrativo del Magdalena y el 4 de julio fueron vinculados al proceso los propietarios de los predios antes mencionados.

El río Aracataca, que recibe las aguas del río Tucurinca, es el segundo más importante de la vertiente occidental de la Sierra Nevada por sus aportes de agua dulce a la Ciénaga Grande de Santa Marta. De acuerdo con datos de Corpamag, cuenta con un caudal medio anual de 9.386 litros por segundo, según un estudio de regulación realizado en 2005 que ya no tiene vigencia y que es la referencia para otorgar concesiones de agua.

A junio de este año tenían concesionado 5.264, litros por segundo a 19 usuarios, entre ellos, el distrito de riego Usoaracataca, con un caudal de 2.730 litros por segundo. El caudal ecológico de este río, es decir, la cantidad de agua mínima para mantener su hábitat y entorno en buenas condiciones, es de 2.346,50 litros por segundo.

No obstante, de acuerdo con las mediciones realizadas desde 2017 en la parte media y la desembocadura de este río por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), a través del proyecto Estudio Integral de la Ciénaga Grande de Santa Marta, relacionado con el modelo hidráulico, sedimentológico, hidrodinámico y balances biogeoquímicos, este caudal ecológico no está llegando al complejo lagunar debido a la sedimentación y las intervenciones en la zona agrícola.

“En el papel debiera estar llegando agua a la Ciénaga Grande, pero la realidad es que en el año y medio que llevamos de monitoreo no hemos podido entrar a la desembocadura del río Aracataca, donde hay una sedimentación bastante fuerte. No ha habido forma de medir el caudal porque está todo sedimentado y han canalizado el río con bolsacreto. También hay derivaciones del río hacia las fincas”, dijo Constanza Ricaurte, coordinadora del programa de geociencias marinas y costeras del Invemar y quien está al frente del proyecto.

El director del Invemar, Francisco Arias, advirtió que desde hace más de 20 años no se estaban midiendo los caudales a lo largo de toda la cuenca, sino solamente en la parte alta –el Ideam tiene una estación en el puente del Ferrocarril– y los cálculos del uso de agua por los distritos de riego se basan en una información que hoy es obsoleta.

“Las concesiones deben revisarse regularmente para ver si el río efectivamente está ofreciendo esa disponibilidad de agua, si no se revisa y el sistema está perdiendo agua vamos a tener un déficit que se va a ir acumulando en el tiempo. La recomendación sería actualizar, con datos confiables, cuáles son los caudales y modificar las concesiones de agua en función de esos caudales”, dijo Arias y pidió ejercer más vigilancia y control a los que captan el agua de forma ilegal.

En esto coincidió la Misión Ramsar de Asesoramiento que en el informe emitido en enero de 2017, recomendó mantener actualizada la información sobre la disponibilidad de caudales de los ríos que llegan a la Ciénaga Grande y mejorar los sistemas de otorgamiento de concesiones de agua, así como realizar su respectivo seguimiento por las autoridades competentes.

*Nombres cambiados por solicitud de la fuente.