La batalla perdida de Hernando Guido por la Cámara: supuesto inhabilitado y endeudado

A poco más de dos semanas de las elecciones para elegir a los representantes del Magdalena en el Congreso de la República, la campaña de Hernando Guida Ponce, quien abandonó el cargo de diputado para aspirar a la Cámara, sufrió un revés que le resta un gran peso a sus aspiraciones electorales, pues, aunque resultara elegido, una denuncia apunta a que se encuentra inhabilitado para ejercer el cargo.

La evidencia de esta grave situación para el exdiputado se sustenta en una solicitud que el lunes pasado hizo formalmente el abogado Hernando Escobar Medina ante el procurador general de la Nación, en la que solicita que se revoque la inscripción de Guida para aspirar a la Cámara.

El argumento del denunciante sostiene que Hernando Guida Ponce renunció a la Asamblea del Magdalena el 13 de diciembre de 2017 y, apenas dos días después de la renuncia, el 15 de diciembre de 2017, se inscribió como candidato a la Cámara de Representantes con el aval de la U. Según el denunciante, este debió haber renunciado a su cargo al menos un año antes de la inscripción, violando así, aparentemente, el régimen de inhabilidades.

En el país ya existen sanciones conocidas por fallas mucho menos evidentes que la del candidato magdalenense. En el sonado caso de la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto, por ejemplo, solo bastó que la entonces candidata hubiera renunciado al cargo de alcaldesa de Albania (en el mismo departamento) 11 meses antes, para que le cayera todo el peso de la Ley.

En el caso de Oneida Pinto, por ejemplo, la Sección Quinta del Consejo de Estado expidió una providencia con ponencia del magistrado Alberto Yépez Barreiro, en la que se declaró la nulidad de la elección de la entonces gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, por no haber renunciado mínimo un año antes.

Aunque la denuncia por la presunta inhabilidad podría ser rebatible, pues la ley no aplicaría igual para un alcalde que para un diputado (ver inhabilidades para aspirar a la Cámara, según la MOE) sí llama mucho la atención un agravante de carácter moral que mencionó el Consejo de estado en el fallo contra Pinto, al manifestar que “mientras dure el periodo para el cual fue electo (el elegido) no puede buscar el favor del electorado para acceder a otros (cargos) de mayor jerarquía en la estructura estatal”.

A Guido, por ejemplo, la confianza que le depositaron los 16.152 electores para volverlo diputado, tan solo le duró poco más de dos años, para decidir renunciar y aspirar a un cargo de mayor poder político. ¿En qué queda su gestión como diputado entonces?

En el caso de Guida Ponce, quien fue electo diputado el 25 de octubre de 2015 para representar al pueblo magdalenense en el periodo 2016-2019, prefirió renunciar a ese cargo con anticipación, persiguiendo sus propias aspiraciones políticas, olvidándose así del electorado que votó por él.  Guida se inscribió entonces el 15 de diciembre de 2017 como candidato a la Cámara por el Partido de la U, dejando su dignidad de diputado a medias.

La cereza del pastel: está embargado y endeudado

Al parecer, la difícil situación que enfrenta Guida Ponce en sus aspiraciones electorales llega a tener repercusiones más allá de lo político, y son también económicas.

Según conoció Seguimiento Electoral, mientras que el candidato participa en una jornada electoral que implica la inversión de grandes recursos económicos, terceras personas han decidido cobrarle una vieja deuda que, a la fecha, el candidato no subsana.

El denunciante, que allegó pruebas a este medio digital, se pregunta cómo hace el candidato para gastar millones en vallas publicitarias, cuando un juez ordenó embargarle sus deudas por no pagar a tiempo 80 millones de pesos.

Efectivamente, este medio digital ratificó que en el Juzgado Octavo Municipal de Santa Marta se resolvió una demanda en la que se le ordena a Hernando Guida Ponce al pago de la deuda por concepto de un préstamo que no ha sido pagado, y como garantía para que este se subsanara, el juez notificó a las entidades bancarias para embargar las cuentas del candidato por un valor de 120 millones de pesos (incluyendo capital e intereses).

En medio de todo este embrollo, asalta la duda que deben hacerse los electores: Suponiendo que el candidato se logra hacer congresista, ¿le alcanzará el salario de representante para pagar sus deudas políticas?

Seguramente que sí, claro está, si no renuncia antes de tiempo para aspirar a un cargo de mayor ambición.