Grupos armados imponen su ley en el Magdalena: 340 asesinatos en seis meses

Un total de 340 personas fueron asesinadas entre enero y junio de 2025 en el departamento del Magdalena, según el más reciente informe de la PDHAL Sierra Nevada de Santa Marta. La cifra representa uno de los registros más altos de homicidios en los últimos 15 años en esta región del Caribe colombiano.

El informe detalla que los municipios con mayor número de casos son Santa Marta (89 homicidios), Ciénaga (57), Zona Bananera (46), Fundación (33) y Aracataca (21). La mayoría de las víctimas fueron hombres (316), mientras que 24 fueron mujeres.

De acuerdo con la plataforma, los homicidios están relacionados principalmente con la presencia de grupos armados ilegales y disputas territoriales entre estructuras como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), 'Los Primos' y 'Los Carperos'. Solo en Magdalena se registran tres conflictos activos entre estas organizaciones, los cuales habrían causado al menos 301 de las muertes reportadas.

La PDHAL también alerta sobre el aumento de otros fenómenos criminales como la extorsión, la desaparición forzada y el reclutamiento forzado en el macizo montañoso de la Sierra Nevada, el cual abarca también territorios de los departamentos de Cesar y La Guajira. En estos últimos, la situación no es menos preocupante: en Cesar el foco de violencia se concentra en el sur del departamento, mientras que en La Guajira destacan los casos de Riohacha, Maicao y Fonseca, así como el impacto humanitario sobre comunidades indígenas Wiwa y Kogui.

El informe señala además la falta de articulación entre municipios, la Gobernación y el Gobierno Nacional en materia de seguridad. Según la PDHAL, no existe un plan integral para el manejo del orden público en la Sierra Nevada y sus alrededores, ni se han desarrollado estrategias que involucren a los tres departamentos afectados. También se cuestiona la ausencia de acciones concretas por parte del Comisionado de Paz para incluir a estas regiones en procesos de diálogo con los actores armados presentes en el territorio.