Gobernación invertirá $60 millones para mejorar problemática del agua en comunidad Chimila

En el palacio Tayrona se realizó la I sesión ampliada del Consejo Departamental de Política Social del año 2019, presidida por el gobernador (e) Álvaro Méndez, con la participación de la Procuradora de Familia del Magdalena, Gloria Orozco; Tania Pacheco, procuradora del Sistema de responsabilidad penal de adolescentes; Nayara Vargas, defensora Regional del Pueblo y Joaquín González, director Icbf Magdalena.

Como un importante logro, resultado de compromisos adquiridos en reuniones anteriores, se dio a conocer la solución de mediano plazo frente a la problemática de agua potable para la comunidad Chimila de los resguardos Issa Oristunna y Ette Buteriya en Sabanas de San Ángel.

La propuesta, consiste en habilitar dos plantas potabilizadoras de agua, será implementada gracias a inversiones de la Gobernación, la Alcaldía y Aguas del Magdalena, para lo cual se comenzará a trabajar en el proyecto que beneficiará a cerca de tres mil personas. El recurso que asciende a 60 millones de pesos por parte de la Administración Departamental, fue anunciado por el gobernador (e) Álvaro Méndez. A su vez, la Alcaldía entregará 100 millones de pesos.

Durante la reunión se revisaron avances y compromisos del último consejo de política social y el plan de acción 2019. Además, se expuso el balance de política social 2018 en el Departamento, en el cual se presentaron las intervenciones en esta área, con un total de 202 programas realizados por instituciones, Gobierno Nacional, departamental y locales: 143 dirigidos a disminuir los índices de pobreza multidimensional, 23 para enfrentar la pobreza monetaria y 36 fueron sobre protección social.

Por otra parte, el líder del programa de Infancia, Adolescencia y Juventud, José David González, recordó a los alcaldes la importancia de avanzar en la rendición de cuentas ante la Procuraduría, que en su fase 1 finaliza el 15 de mayo. Esta, se diligencia vía web e incluye una batería de indicadores y un módulo de análisis en el cual cada gobernante da cuenta de sus resultados en la materia durante el cuatrienio. La fase dos está compuesta por cinco diálogos ciudadanos y una rendición pública de cuentas y va del 15 de julio al 31 de diciembre.

Como parte del consejo, también se presentaron acciones desarrolladas en relación con la alerta temprana 045-2018 de la Defensoría del Pueblo sobre el riesgo de reclutamiento forzoso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en municipios de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ante esto, se informó acerca del proyecto “Mambrú no va a la guerra” que este año tendrá una nueva fase en los municipios de Fundación, Aracataca, Zona Bananera y área rural de Santa Marta, como informó Norma Vera, secretaria del Interior departamental.

Este Consejo Departamental de Política Social contó con la presencia de alcaldes o sus delegados, representantes de entidades nacionales, enlaces de política social, población indígena, gabinete departamental, entre otros.