Dos de los magistrados de garantía electoral del Magdalena, relacionados con el caicedismo

Hace menos de una semana generó suspicacias en el Magdalena la designación de Ricardo Andrés Estrada como magistrado del Tribunal Seccional de Garantías y Vigilancia Electoral en el departamento del Magdalena.

La polémica radica en que Estrada es esposo de la congresista de la congresista de Fuerza Ciudadana, Ingrid Aguirre, que participó en la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, quienes, a su vez, fueron los que designaron a Estrada en este cargo.

Aunque este cargo tiene la función de velar por la transparencia durante las elecciones locales que se celebrarán el 29 de octubre, el hecho de que el magistrado sea esposo de la congresista del partido político de gobierno y con mayor fuerza en el departamento, genera un desequilibrio y una amenaza frente a los otros candidatos que aspiran por otros partidos o por recolección de firmas.   

Recomendamos: Magistrado garante de las elecciones en Magdalena es esposo de la congresista de Fuerza Ciudadana

En reacción a esto, varios de los precandidatos que pondrán su nombre para ser elegidos en cargos de elección popular en la Alcaldía de Santa Marta y la Gobernación del Magdalena elevaron su voz de protesta.

Incluso, el congresista Eduardo Guida Ponce radicó una queja ante el CNE, el Mininterior, la Fiscalía y la Procuraduría para que la designación del magistrado sea anulada debido al posible “conflicto de intereses”.

No es uno, son dos los magistrados caicedistas

Para ahondar en esta noticia, Seguimiento.co accedió a la Resolución 4731 de 2023, mediante la cual se designaron los Tribunales de Garantías Electorales, y descubrimos que los magistrados caicedistas no son uno, sino dos.

En total, en el Magdalena fueron designados tres magistrados: los abogados Delaín Alfonso Arias de la Cruz, Ricardo Andrés Estrada Piña y Carol Alejandra Camargo Solano. Cada uno de ellos gana un salario mensual de 11 millones 83 mil pesos mensuales.

Además de las vinculaciones de Estrada Piña con el caicedismo, la también designada magistrada Carol Alejandra Camargo no solo ha sido vinculada como contratista del área jurídica de la Alcaldía de Santa Marta, sino que esta fue contratada durante la administración de Rafael Martínez, periodo en el cual recibió más de 80 millones de pesos por la prestación de sus servicios.

Dicho de otro modo, la ahora magistrada de garantías electorales tendrá que brindar equilibrio frente a otros candidatos sobre los votos que recibirá quien fuera su jefe, que es candidato a la Gobernación del Magdalena.

Lo más paradójico de todo es que la representante Ingrid Aguirre fue muy clara al momento de hacer su declaración de conflicto de intereses, al afirmar bajo juramento que los intereses personales de su cónyuge no generarían ninguna posible situación de conflicto de interés.

Aunque los magistrados no se han referido a estos temas, este medio digital conoció que en las respectivas resoluciones para su posesión, estos firmaron un acuerdo para no dar "información sobre asuntos de su conocimiento sin estar facultado expresamente para ello", por lo que se espera que estos no hagan pronunciamientos al respecto.