Procuraduría investiga a alcaldesa por presunta adición irregular en contrato

Este martes, la Procuraduría General de la Nación informó de la apertura de una investigación disciplinaria contra la alcaldesa de Santa Marta, Virna Liz Johnson y su entonces secretario de Gobierno (e), Bayron Arrieta Jiménez, por posibles irregularidades en un contrato de más de $ 970 millones.

El Ministerio Público sostuvo que estos recursos debían destinarse para la implementación de un programa que garantice la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia, pero, por el contrario, “la mayor parte del presupuesto estaba destinado a la adquisición de elementos de papelería o de oficina y servicios logísticos conforme a una solicitud de la Registraduría”.

En ese sentido, la Procuraduría también advirtió que, en los documentos aportados hasta ahora, no se soporta que la escogencia de una entidad sin ánimo de lucro y su contratación directa, haya sido la manera adecuada de satisfacer la necesidad de la entidad, y tampoco se evidencia la existencia de un estudio del mercado y del sector adecuado que conlleve a que el objeto del convenio se cumpla a cabalidad.

“Se investiga además una presunta adición al convenio de un poco menos del 50%, sin los análisis y estudios de conveniencia necesarios, y cambios de condiciones técnicas como alquileres de salones, sin justificación alguna y sin modificaciones en los precios unitarios de los elementos” explicó la Procuraduría, señalando que se solicitó a la Alcaldía toda la documentación relacionada con este convenio, suscrito con la asociación ‘Gente Joven A.G.J’.