Por quinta vez, aplazada audiencia por caso 'Parque Taykú'

Por quinta ocasión el proceso contra cuatro ex funcionarios de la Gobernación del Magdalena por las obras inconclusas del Parque Taykú fue suspendido. Esto, luego que el fiscal Oscar Hernández Peña, que lleva el caso, presentara una excusa por incapacidad médica.

La audiencia, que se llevó a cabo en las instalaciones de los juzgados de Santa Marta, quedó aplazada para el próximo 21 de junio. Antes de la suspensión del proceso, el abogado Clever Barrios Núñez -quien defiende los intereses de Frank Noble, uno de los acusados, presentó una medida de vigilancia especial en el proceso. Aducen, entre otras cosas, que tales incapacidades

Pero más allá de la aparente dilación, de fondo está la resolución de uno de los casos de 'elefantes blancos' más representativos en la historia de Santa Marta.

El proceso se remonta a 2014 cuando la Contraloría General del Departamento del Magdalena, en cabeza por aquel entonces de Alejandro Pérez Prada emitió un fallo de responsabilidad fiscal contra una serie de ex funcionarios del departamento del Magdalena por una actuación “antieconómica e ineficiente que incidió en la producción del daño” de las obras del Parque Taykú, un espacio que serviría para la recreación pero que terminó, en obra negra, sin ninguna clase de ejecución.

Para la Contraloría, los exfuncionarios tenían dentro de sus funciones la obligación adquirida “por compromiso propio de llevar a cabo un proyecto diferente para la ciudad de Santa Marta y que por causa de la indebida supervisión, planeación, estudio y sin tener presente los requisitos de ley necesarios para desarrollar la obra, el mismo nunca llegó a buen término y por el contrario, los recursos inyectados al mismo, hoy se puede decir que fueron recursos mal invertidos”.

Sobre este caso, Frank Noble Oliveros, secretario de Hacienda para el momento de los hechos (y que fue detenido junto a Omar Guerrero, también exsecretario y Pedro Bonilla, exgerente de Corpotayrona) explicó que no entiende por qué el fiscal no permite avanzar el proceso.

"Yo no puedo afirmar eso (que hay una maniobra dilatoria) porque no puedo darle poco valor a las incapacidades que el fiscal ha tenido, pero lo sospechoso es que el fiscal se está enfermando en todas las audiencias públicas del Taykú porque para todo lo demás ha estado atendiendo en su oficina. En varias ocasiones, saliendo de alguna audiencia, lo hemos visto por aquí cerca, caminando por la carrera quinta", puntualizó.

Su abogado defensor, Clever Barrios Núñez, indicó que la defensa "está sosteniendo que la instructiva inicial no tenía el caudal probatorio para dictar tal medida, mucho menos para comparecer a juicio ni para sustentar una solicitud sentencia condenatoria y ante esas falencias protuberantes la Fiscalía opta por ausentarse y tarde que temprano tiene que venir".

"Esto es vulgarmente una mamadera de gallo", resaltó el jurista que no descartó la posibilidad de presentar denuncia penal contra el funcionario de la Fiscalía por prevaricato.

En la audiencia también se hizo presente la exgobernadora (e) del Magdalena Sandra Rubiano Layton, encargada del proyecto, quien defendió sus actuaciones y se declaró inocente por los hechos imputados. "Te están involucrando en un hecho que ha sido escandalosdo, en un proyecto que cuando nos fuimos de la administración en el mes de junio de 2007 el proytecto estaba en construcción, quedaron $1.700 millones certificados en la cuenta y no sabemos por qué quienes paralizaron la obra, quienes estaban llamados a preservar esos recursos la Contraloría, que fue la que arrancó el proceso, no las citó. Los recursos del proyecto fueron embargados y por eso se siniestró".

"Al departamento no le embargaron solo los dineros del Taykú, sino $43.000 millones de vigencias y recursos de destinación específica y eso no lo han investigado. Están investigando este tema con las personas equivocadas", apuntó Rubiano. 

Para Pedro Bonilla, que pasó cuatro meses en prisión por estos hechos ha sido un golpe duro pues "jamás había tenido una situación de estas características, soy un padre de familia, tengo mis dos hijos, eso fue algo muy dramático. La forma en la que procedió el fiscal fue muy dura, sin habernos escuchado en su momento una fiscal nos escuchó y dejó en claro no tenía nada qué ver en el proceso porque obviamente no tenía participación en el tema del contrato".

Contexto

En 2006, la administración departamental determinó la construcción de las obras del parque y contrató con la Unión Temporal Tayku. A esta empresa le fueron girados 1.600 millones de pesos, que representaban el 50 por ciento del monto total del contrato. Posteriormente, se determinó una adición de 741 millones de pesos para la conclusión de la obra.

En el parque se hicieron obras por solamente 1.600 millones de pesos; sin embargo, el contrato se tramitó, se celebró y fue liquidado.

Las irregularidades presentadas comenzaron con la misma obra, pues el costo real de la misma era de 9.000 millones de pesos y se contrató apenas por 3.200 millones. Las investigaciones de la Fiscalía muestran que fueron violados los principios de economía, transparencia, planeación y organización y responsabilidad, protegidos por las normas que regulan la contratación administrativa. Entre los hechos investigados por la Fiscalía están la ausencia de disponibilidad presupuestal y la no realización de estudios previos.