Policía de Santa Marta: 13 años de escándalos, armas perdidas y ‘acuerdos’ oscuros

La captura del mayor Diego Sepúlveda y el capitán James Medina Vega, director y subdirector de la SIJÍN de Santa Marta, por su presunta participación en la liberación de alias ‘Sombra’ —señalado de al menos 35 homicidios— ha reactivado los cuestionamientos sobre la operatividad y transparencia de la Policía Metropolitana.

Para la defensora de derechos humanos Norma Vera Salazar, este caso representa “la gota que rebosa el vaso” en una institución que, desde su creación en 2012, ha acumulado múltiples denuncias por hechos que comprometen su legitimidad y su capacidad de garantizar la seguridad ciudadana.

Vera recuerda que la Policía Metropolitana fue creada el 4 de agosto de 2012 y que, desde entonces, ha tenido al menos cinco comandantes, situación que —según advierte— ha dificultado una línea de mando estable y una estrategia sostenida frente al crimen organizado.

Uno de los antecedentes más graves se remonta a 2015, cuando se reportó la desaparición de 243 armas bajo custodia de la institución. En ese entonces, el director de la SIJÍN fue destituido y denunció públicamente que la entonces comandante, coronel Sandra Vallejo, habría obstaculizado el avance de las investigaciones.

Ese mismo año, una subteniente denunció haber sido víctima de acoso sexual por parte del entonces subcomandante Gelvez. Según Vera, Vallejo habría minimizado la denuncia al afirmar que “eso pasa en cualquier trabajo”. Años más tarde, en 2022, fue capturado por el delito de acceso carnal violento.

En 2020, un video difundido por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra volvió a vincular a miembros de la institución con el robo de las armas, e incluyó nuevas acusaciones contra Vallejo. Ese mismo año, también se conoció una denuncia sobre una presunta negociación entre la Secretaría de Seguridad del Distrito y estructuras armadas ilegales, con el fin de manipular los índices de criminalidad. Según revelaciones de la época, el acuerdo habría implicado el pago de 300 millones de pesos.

Los escándalos continuaron. En marzo de 2021, uniformados de la estación de Pozos Colorados fueron despojados de sus armas en un hecho que permanece sin esclarecer. En noviembre de ese año, comerciantes denunciaron extorsiones por parte de policías, lo que llevó a Vera a alertar sobre la existencia de posibles redes internas de corrupción.

El 11 de enero de 2023, en Ciénaga, un comerciante denunció haber entregado llantas, dinero en efectivo y hasta recursos para gastos personales —como tratamientos estéticos— a una oficial de Policía. Más recientemente, el 26 de junio de 2024, se reportó la desaparición de tres fusiles y varios proveedores en la estación de Policía de Minca, hecho que volvió a evidenciar deficiencias críticas en el control del armamento oficial.

La detención, el pasado 8 de junio, de los altos oficiales de la SIJÍN implicados en la presunta liberación de un sicario de alto perfil, como lo es 'Sombra', intensificó la preocupación ciudadana. Para Vera, este episodio refleja una “degradación institucional inaceptable” y supone un golpe directo a la confianza de la población en la fuerza pública.

La defensora insistió en la necesidad urgente de transformar la Policía Metropolitana en una verdadera unidad de carácter regional, con capacidad de articulación operativa con los municipios de Ciénaga, Puebloviejo y Sitionuevo, y con respaldo de cuerpos especializados. En su concepto, sin una reforma estructural y un nuevo modelo de gestión, la seguridad en el Magdalena continuará siendo una promesa incumplida.