OCAD niega a Martínez presentar proyectos por su suspensión

El anuncio realizado por la Procuraduría General de la Nación, donde aseguró la suspensión por 3 meses del alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, sigue dejando consecuencias adversas no solo contra la administración local sino en la ciudad.

Esta nueva escena la protagonizan el Sistema General de Regalías y Control Social, a través del Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), quienes son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con sus recursos.

El meollo del asunto se centra en que la OCAD no acepta presentar proyecto a la alcaldía de Santa Marta, bajo el argumento de que el actual mandatario se encuentra suspendido por la Procuraduría, es decir, no es alcalde.

Seguimiento.co conoció en exclusiva la carta enviada por el Director Jurídico del Distrito, Carlos Iván Quintero Daza, donde el funcionario emite una serie de consideraciones y aclara la situación jurídica en que se encuentra Martínez.

En la misiva firmada por Quintero se lee citas textuales de la Constitución Política de Colombia donde se aclara el debido proceso de la suspensión para un alcalde o gobernador en el país, y a su vez recurre al artículo 99 de la Ley 136 de 1994, donde se explica lo que se considera en la legislación colombiana como faltas temporales de algún dirigente.

Otro de los puntos que se resaltan en el escrito es que la competencia, para hacer efectiva la sanción dicta contra Rafael Martínez por el Ministerio Público, recae sobre el presidente de la república, es decir, es Juan Manuel Santos quien debe suspender al alcalde de Santa Marta y elegir su remplazo.

A su vez, la carta resalta que hasta la fecha el mandatario local no ha sido notificado, por lo tanto, se encuentra ejerciendo sus funciones, en ese orden de ideas, Martínez sigue siendo el alcalde de la capital del Magdalena.

Se espera que con estas aclaraciones se permita a la administración presentar los proyectos que se pretenden ejecutar en la ciudad con los recursos del Fondo Nacional de Regalías, pues de acuerdo a lo sustentado por el Director Jurídico se está violando este derecho bajo un argumento equivoco.