Juez impone detención domiciliaria contra Martínez, según Fiscalía
Un juez de control de garantías de Santa Marta definió la situación jurídica de seis de los investigados por las presuntas irregularidades detectadas en la contratación de obras de construcción y remodelación de cinco puestos de salud para la ciudad, los cuales fueron demolidos y no habrían sido levantados ni terminados en su totalidad durante el tiempo pactado para que entraran en funcionamiento.
La diligencia judicial terminó 11 meses después de que la Fiscalía solicitó nueva audiencia de medida de aseguramiento contra los involucrados, y luego de dos suspensiones y cuatro aplazamientos por problemas de salud y renuncia de algunos abogados defensores.
De acuerdo con lo dispuesto por el juez, tres de los procesados, entre ellos el alcalde Rafael Martínez, deberán cumplir medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
Además del mandatario local, también tendrán casa por cárcel Edgardo Charris Salcedo, exgerente de la Empresa Social del Estado (ESE) y Jesús Enrique Navarro Brito, contratista.
Otros tres vinculados a la investigación, dentro de los cuales se encuentra el exalcalde Carlos Caicedo, no recibieron medidas restrictivas de la libertad porque, a criterio del juez de garantías, actualmente no son funcionarios ni ostentan una posición que represente riesgo para las siguientes etapas judiciales. Esta decisión recae también sobre Gregorio Antonio Domínguez Fonseca, exgerente de la Empresa Social del Estado (ESE) y Carlos Fabián Slebi Palacio, interventor del contrato en cuestión.
#ATENCIÓN Por petición de #Fiscalía, juez impuso detención domiciliaria a Rafael Martínez, alcalde Santa Marta. Es investigado como posible responsable de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado, en proceso por demolición y construcción de 5 centros de salud pic.twitter.com/GD8irTz12P
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 21 de marzo de 2019
Antecedentes
El material probatorio y la evidencia física en poder de la Fiscalía indican que, durante la alcaldía de Carlos Caicedo Omar (2012 – 2015), se habrían presentado irregularidades en las etapas precontractual, contractual y de liquidación del contrato N° 004 de 2014, que contemplaba la construcción de cinco puestos de salud en Santa Marta, en los sectores Bastidas, La Paz, Mamatoco, Taganga y La Candelaria.
Las obras fueron pactadas por un valor inicial de 6.537 millones de pesos y quedaron inconclusos cuatro de centros médicos.
Posteriormente, ya en el periodo del alcalde Rafael Martínez, el distrito de Santa Marta suscribió el contrato N° 007 de 2016, que ascendió a cinco mil millones de pesos y tenía como propósito adecuar y terminar tres de los puestos de salud que quedaron pendientes en la anterior administración, en los sectores de Taganga, La Paz y La Candelaria.
En los dos contratos mencionados, además de incumplimientos en la ejecución, la Fiscalía advirtió un presunto peculado superior a los 4 mil millones de pesos.
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