Entre retrasos y sobrecostos, el programa ‘Mi Calle’ lleva $19 mil millones y 18 meses de demora

Las tensiones entre el gobierno de Rafael Martínez y la Asamblea del Magdalena están a la orden del día.

Hoy se denunció la posición de la administración departamental de no girar recursos para el funcionamiento de la Duma, debido a la no aprobación del proyecto de superávit, por los que el gobierno de Martínez busca acceder a más de $427 mil millones que no ejecutó en 2024.

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En medio de esta confrontación, la narrativa del gobernador Martínez ha sido culpar a la corporación de control político, de un presunto bloqueo que le impide hacer obras para el departamento.

No obstante, a través de pruebas documentales, la diputada Rosita Jiménez expuso que las obras están frenadas desde hace mucho tiempo, en medio de la falta de gestión, los incumplimientos y el desorden administrativo del actual gobierno magdalenense.

A través de sus redes sociales, la diputada registró su visita a uno de los sectores beneficiados con el popular programa ‘Mi Calle’ -el mismo por el que el gobierno de Martínez ha estado realizando conciertos masivos con artistas vallenatos- que al igual que otros proyectos de la administración, presentan graves retrasos.

Solo en la ciudad de Santa Marta, hay cinco contratos que en total suman poco más de $15 mil millones, y que pese a que iniciaron desde 2023 con un tiempo de ejecución que no excedía los cuatro meses, a la fecha aún no van ni por la mitad.

“El programa Mi Calle representa una frustración para muchas familias por el retraso de las obras por la mala planeación y ejecución. Miren este contrato, el 17 de septiembre de 2023 se firmó el acta del contrato, pero inició el 11 de diciembre de 2024.  18 meses después sigue sin terminarse, y de hecho estuvo suspendido por 5 meses y se reactivó apenas el 21 de mayo de 2024” explicó la diputada Rosita Jiménez.

Asimismo, expuso la documentación de otro contrato, que bajo las mismas condiciones, fue firmado el 1 de septiembre de 2023, suspendido el 28 de diciembre de ese mismo año, y reactivado hasta el 12 de marzo. Al día de hoy, registra una ejecución solo del 28%.

Lo más grave de todo, es que pese a los millonarios montos y a los inocultables retrasos, en la mayoría de estos contratos, se ordenaron adiciones presupuestales que alcanzaron los $2.850 millones.

Hoy hay muchos recursos invertidos y ninguna obra culminada.

 

 

 

 

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“Los contratos se firmaron en plena época electoral, pero las obras empezaron mucho después. Hay cinco contratos por más de 15 mil millones de pesos, que debían ejecutarse en poco menos de 4 meses y llevan más de 18 meses de retraso… El retraso de las obras no es responsabilidad de la Asamblea sino de Rafael Martínez y su gobierno” expuso la diputada, quien conminó al gobernador saliente a asumir la responsabilidad por estos hechos.