Diplomacia ya debía haber acudido al Consejo de Seguridad de la ONU: Procurador

“Lo he dicho y lo he repetido, la diplomacia colombiana debe actuar con mucha decisión y con mucha energía, debería haber acudido ya al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que allí se ordene a Venezuela cesar esos actos hostiles contra colombianos que viven en Venezuela y contra la soberanía de nuestro país”, dijo hoy el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, frente a los nuevos cierres en zona de frontera ordenados por el presidente Nicolás Maduro y las violaciones al espacio aéreo colombiano por parte de las Fuerzas Militares del vecino país.
“Venezuela está escalando el conflicto. Avanzó deportando a ciudadanos colombianos, deportando a personas que tenían la condición de refugiados, después avanzó cerrando otros puntos de frontera, después violó el espacio aéreo en dos oportunidades”, señaló el jefe del Ministerio Público, quien fue invitado por el Hoy Diario del Magdalena y la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta para dictar conferencia magistral en el foro denominado ‘El Caribe, la paz y el posconflicto’.
En su intervención, el jefe del órgano de control reiteró su compromiso institucional frente al proceso de negociaciones en La Habana (Cuba) y las necesarias advertencias que ha realizado y seguirá realizando a este en defensa de los derechos de las víctimas y en busca de garantías jurídicas que lo blinden.
“Algunos altos funcionarios han dicho que no debo meterme en el proceso de paz. A ellos les digo que es mi deber hacerlo y lo seguiré haciendo en defensa del orden jurídico y de las víctimas. El procurador es una especia de ‘metido’ constitucional”, aseguró.
El procurador planteó alternativas ante la necesidad de que los máximos responsables de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidios sean juzgados, condenados y paguen penas efectivas de prisión.
“La reclusión debe ser la pena para graves violaciones a los Derechos Humanos y los otros delitos atroces. Una opción es iniciar la reclusión en una cárcel y finalizarla en una colonia agrícola, pero deben existir penas de reclusión efectivas. Las penas deben tener sujeción, dependencia del Estado y restricción de derechos”, manifestó el procurador Ordóñez, a la vez que insistió en que las pretensiones de penas simbólicas solo pueden definirse como impunidad.
“Lo imposible jurídica y éticamente es la impunidad absoluta, las penas simbólicas, la no reclusión (…) El trabajo comunitario o las excusas públicas para crímenes atroces se llama impunidad”.
Ante más de 300 personas, entre los que se encontraban docentes, estudiantes universitarios, autoridades civiles, militares y policiales, así como representantes de los medios de comunicación, el procurador de los colombianos reiteró los 10 mínimos penales para los máximos responsables de crímenes atroces en las filas de las FARC, con los que se cumplirían los estándares nacionales e internacionales en materia de justicia transicional.
• La investigación, juzgamiento y condena de crímenes internacionales es competencia exclusiva de la autoridad judicial.
• La pena debe ser efectiva.
• La pena debe ser proporcional a la gravedad del crimen y a las condiciones personales de los responsables.
• La reclusión es la pena para graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de genocidio, guerra y lesa humanidad.
• La pena de reclusión se debe cumplir conforme a los regímenes generales.
• Las condiciones de reclusión deben ser dignas y seguras.
• La exclusión de participación política es consecuencia de crímenes atroces.
• La verdad completa, detallada y exhaustiva es condición para acceder a la justicia transicional.
• La reparación es condición para acceder a la justicia transicional.
• La garantía de no repetición es condición para acceder a la justicia transicional.
En la tarde de este miércoles, el procurador de los colombianos intervendrá en el XXIV Simposio Nacional de Jueces y Fiscales ‘Justicia y Derechos Humanos’, que se realiza en el Hotel Irotama de la ciudad de Santa Marta.
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