Detrás del ‘negocio’ del agua reenvasada habría una red estructurada de venezolanos
Este martes se prendieron las alarmas en la capital del Magdalena, luego que se conociera un posible negocio turbio por parte de ciudadanos venezolanos, quienes estarían reenvasando botellas de agua para luego comercializarlas en puntos ambulantes de la ciudad. Lo más preocupante de la situación es que, quizá, habría toda una red detrás del caso.
Frente a este hecho, Seguimiento.co contactó a la secretaria de Seguridad y Convivencia, Priscila Zúñiga, quien detalló que desde su despacho se lideraron los operativos durante el jueves, viernes y sábado de la semana pasada, en tres puntos: “los cambuches debajo del puente de la carrera cuarta; Las Malvinas y en el Rumbódromo”, donde fueron requeridos 33 venezolanos –entre ellas cinco mujeres- de los cuales, algunos son sospechosos por la práctica del agua reenvasada.
Sin embargo, la Secretaria enfatizó que no fueron judicializados, porque no se encontró a alguien manipulando los elementos con los cuales estarían llevando a cabo este ‘oficio’. “Nosotros no podemos judicializar por meras sospechas a alguien. Ahora Salud Pública deberá mirar punto a punto, y al momento en que encuentre quién está vendiéndolas, ahí sí se pueden capturar para acabar con la red”, dijo.
“Los trasladamos al Centro de Protección del Ciudadano, que se utiliza por Migración Colombia como un medio transitorio de protección al migrante, para hacer verificación de la identificación de todos los venezolanos que tenemos y llevar el registro que desde el mes de octubre estamos levantando de lo que encontramos en espacio público en la ciudad de Santa Marta”, explicó Zúñiga.
Posterior al traslado a las oficinas del ente que controla la entrada y salida de personas a Colombia, los ciudadanos del vecino país estuvieron 18 horas verificando sus datos, y tan solo a “una mujer se le encontró documentación falsa”. Es decir, los otros 32 requeridos ya se encuentran nuevamente en las calles de la ciudad.
Pese a que la secretaria de Seguridad y Convivencia considera que reenvasar agua es un “grave atentado contra la salud de los samarios”, al final será la Secretaría de Salud quien se encargará de adelantar las investigaciones pertinentes.
“Desde Salud Pública deben hacer un proceso de investigación para verificar la legalidad de las ventas que se están llevando a cabo en los semáforos de la ciudad de Santa Marta”, afirmó.
Finalmente, Zúñiga recalcó que cuando la Secretaría de Salud determine quiénes están reenvasando el agua, será “Migración Colombia quien deba tomar las medidas pertinentes” –dentro de las cuales se contempla la deportación-.
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