Caicedo y Martínez no fueron los únicos capturados por la Fiscalía

Dentro de la política del Plan Bolsillos de Cristal, la Fiscalía General de la Nación imputará al exalcalde y alcalde de Santa Marta (Magdalena), Carlos Eduardo Caicedo Omar y Rafael Alejandro Martínez, respectivamente, junto con cuatro personas más, por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Además del alcalde y exalcalde, también fue capturado en Santa Marta Carlos Fabián Slebi Palacio, interventor del contrato No. 007 de 2016; mientras que en Barranquilla (Atlántico) fue detenido Jesús Enrique Navarro Brito, contratista del contrato No. 007 de 2016, representante legal de la unión temporal Construyendo Salud Santa Marta, 2016.

Igualmente fueron aprehendidos: Edgar Charris Salcedo, gerente encargado de la ESE Próspero Reverend, quien participó en la etapa precontractual y realizó la apertura del proceso de convocatoria; y Gregorio Antonio Domínguez Fonseca, gerente de la ESE Alejandro Prospero Reverend, quien también suscribió el contrato No. 007 de 2016.

A estas personas se les investiga por las posibles irregularidades cometidas en la demolición y construcción de cinco puestos de salud en el municipio. Caicedo Omar y Martínez fueron capturados en horas de la mañana por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en la capital de Magdalena.

Según la investigación, coordinada por la Dirección Seccional de Fiscalías de Magdalena en el caso del exalcalde, se presume que suscribió un acta y acuerdo que autorizaba la demolición y construcción de cinco puestos de salud: Mamatoco, Bastidas, La Paz, Candelaria y Taganga, de los cuales el único que se construyó fue el de Bastidas. Tanto el exmandatario como el actual alcalde serán señalados, ante el juez de control de garantías de Santa Marta, de presuntas irregularidades en dos contratos:

El primero de ellos, No.004 del 18 de noviembre de 2014 (10 meses de término) que fue celebrado entre la ESE Alejandro Próspero Reverend, y Mediredes SAS, para el mantenimiento y adecuación de los centros de salud Bastidas, Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz, por valor de $6.532’759.000, en el cual se detectó el incumplimiento en los requisitos legales, tales como la falta de planeación, inexistencia del concepto de viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud para la ejecución de proyectos de inversión, así como de la licencia de construcción, lo que generó un detrimento patrimonial cercano a los cinco mil millones de pesos ($5.000’000.000).

En el caso del alcalde suspendido de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, se le investiga por su participación en toda la etapa precontractual y la suscripción del contrato No. 007 de 2016, que tenía como fecha límite el 31 de diciembre de este año.

Este contrato fue celebrado entre la Alcaldía de Santa Marta y la Unión Temporal Construyendo Salud, cuyo objeto era la adecuación y terminación de los centros de salud: La Candelaria, La Paz y Taganga, por valor de $5.863.789.000, dentro del cual se evidenciaron inconsistencias relacionadas con la obtención extemporánea del concepto de viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud, fue otorgado cuando se encontraba en plena ejecución; además se determinó que la licencia de construcción también se solicitó extemporáneamente y a la fecha no ha sido otorgada.

Dentro del precitado contrato, se otorgó un anticipo correspondiente al 40%, por valor de $2.345’515.000, estableciendo a través de dictamen pericial, que a fecha 3 de octubre de 2017, del mismo, solo se había ejecutado la suma de $568.660.111, que además fue destinada para la adquisición de elementos diferentes a su objeto, tales como equipos y otro tipo de material de construcción.