En redada de autoridades, judicializan a 12 presuntos abusadores en Cartagena

En una gran ofensiva contra los delitos sexuales, adelantada durante 15 días en Cartagena (Bolívar), un grupo de fiscales del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) judicializó a 12 personas presuntamente implicadas en este tipo de conductas que afectaron la libertad sexual de menores de edad.

Las investigaciones dan cuenta de que, en la mayoría de los casos, los posibles victimarios eran familiares de los niños, cuyas edades oscilan entre los 5 y 14 años.

Madre y padrastro habrían abusado de niña de 15 años

En uno de los casos, que fue denunciado en febrero de 2021, los hechos vendrían ocurriendo desde hace cinco años. Al parecer la madre y el padrastro de la víctima de entonces 10 años supuestamente la estarían sometiendo a todo tipo de vejámenes sexuales.

El padrastro habría abusado de la víctima, mientras la mamá de esta grababa y tomaba fotos.

De acuerdo con la investigación, el hoy imputado habría accedido carnalmente a la menor en varias ocasiones y, como resultado, la niña quedó embarazada.

Se pudo establecer que la madre aparentemente tenía conocimiento de los abusos, pues según lo manifestado por la misma niña, ella era la que tomaba fotos y grababa videos de esos momentos. 

Los imputados, quienes no aceptaron los cargos, fueron cobijados con medida de aseguramiento intramuros por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y heterogéneo sucesivo con actos sexuales abusivos con menor de 14 agravado.

Tíos de la victima.
En otro caso, un fiscal seccional de Bolívar logró que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra el tío político de una menor, por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo, y actos sexuales con menor de catorce años agravado, en concurso homogéneo y sucesivo.

Dentro de su exposición el fiscal indicó que el imputado al parecer venía abusando sexualmente de una sobrina política desde 2018, cuando la víctima tenía 9 años. Los hechos se registraron en el barrio Pozón, de la capital bolivarense.

Vecinos de la víctima.
El procesado Kevin Andrés Puello Mendoza, de 21 años, fue cobijado con medida de aseguramiento en la Cárcel San Sebastián de Ternera de Cartagena por el juez 4 penal municipal con función de control de garantías de esa ciudad, luego de que el ente acusador le imputó el delito de acto sexual violento.

Kevin Puello ya habría realizado piropos ofensivos a la víctima antes de pasar al presunto abuso.

El material probatorio recaudado indicaría que este joven, quien fue capturado el 28 de julio último, habría abusado de una menor de 14 años que residía en su mismo sector. El hombre al parecer aprovechó la oscuridad de la zona para someterla y agredirla sexualmente.

La investigación evidencia que la víctima vendría siendo acosada por el presunto abusador, quien se presume pasó de los piropos ofensivos a realizarle tocamientos, causándole graves traumas psicológicos.

Carpintero al parecer abusó de hija de cliente.
Una fiscal seccional de Cartagena logró que un juez con funciones de control de garantías enviara a prisión a David Enrique Sierra Mendoza por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso heterogéneo con acto sexual con menor de 14 años.

David Sierra Mendoza aprovechó un descuido del padre de la víctima, para presuntamente abusar del menor,

De acuerdo con el ente investigador, el 5 de febrero del año en curso, Sierra Mendoza aprovechó que fue contratado en calidad de carpintero en una vivienda, para presuntamente realizar tocamientos en las partes íntimas a una menor de cinco años cuando ella se estaba bañando, mientras que su padre salió un momento a la portería.

El victimario, quien no se allanó a cargos, fue capturado en vía pública en el barrio San José de los Campanos, por funcionarios del CTI Caivas.

Estos resultados se dan en el marco de la estrategia investigativa para judicializar a los responsables de hechos que atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes, con el fin de garantizar la protección de sus derechos.