Con conexión ilegal, casa de eventos evadía pago de $4 millones por servicio de luz

La empresa Air-e detectó una conexión ilegal para alimentar de energía a la casa de eventos La Riviera en el corregimiento de Salgar, en jurisdicción del municipio de Puerto Colombia, Atlántico.

Luego de una labor de seguimiento, la empresa logró establecer que el establecimiento comercial ubicado en la calle 3 # 33-451 había realizado una excavación en el suelo para intervenir la acometida subterránea del predio con unos conectores de perforación, con el objeto de que el medidor no registrara parte del consumo de energía de esta concurrida casa de eventos. 

En el operativo se pudo establecer que el usuario había construido una placa de cemento en la parte de la acometida subterránea intervenida para que Air-e y las autoridades no se percataran de la existencia del fraude.

"Esta modalidad revela la premeditación y la clara intención del usuario de La Riviera para cometer este fraude, el cual incluye la ejecución de una obra civil para ocultarlo y evitar a toda costa que la empresa lo detectara", dijo la compañía en un comunicado. 

El monto de la defraudación de fluidos, según estima Air-e, es del orden de los 4 millones mensuales. En promedio en dos años de 96 millones de pesos, teniendo en cuenta los equipos que son utilizados para los diferentes eventos que allí se realizan.

La empresa también informó que durante el procedimiento se permitió el acceso para el desarrollo de la revisión técnica y la persona a cargo del establecimiento asumió los costos de la energía dejada de facturar. Adicionalmente se hizo el compromiso de la normalización desde el exterior del inmueble con la instalación de un nuevo equipo de medición.

Air-e también sostuvo que el establecimiento afectaba el patrimonio público, puesto que con la contribución de solidaridad se recaudan recursos para el otorgamiento de subsidios, los cuales permiten disminuir el costo del servicio de energía que consumen los usuarios más necesitados (subnormales y residenciales de estratos 1, 2 y 3).

De esta manera si se evade parte del pago de la contribución, que cancelan los clientes comerciales, le corresponde al Estado aportar los recursos necesarios para cubrir el déficit que se genera con esta conducta.

De acuerdo con Fermín De la Hoz Torrente, gerente de Servicios Jurídicos de Air-e la empresa sigue actuando de manera contundente contra la práctica ilegal del robo de energía.

“La empresa cuenta con equipos de última tecnología para hacer un seguimiento detallado de la energía que circula por las redes y la que se entrega en las viviendas, establecimientos comerciales e industria, de tal manera que se encuentra en capacidad de detectar cualquier tipo de fraude, por más oculto que parezca. De la misma manera, se adelantan labores de análisis e inteligencia en el sistema comercial y en las calles para ser más precisos en la detección de este tipo de conducta, lo que permite recaudar todos las pruebas que sean necesaria para que la Fiscalía General de la Nación puede adelantar de manera exitosa los procesos penales por el delito de defraudación de fluidos, en donde  los usuarios se exponen a prisión de hasta 72 meses y multas de hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Adicionalmente, los usuarios comerciales se exponen al cierre temporal de su establecimiento o al cierre definitivo en caso de reincidencia, tal y como lo consagra el Código Nacional de Policía y de Convivencia Ciudadana”, explicó De la Hoz Torrente.