Intervención a Air-e deja más dudas que respuestas: Superservicios no convence a la PGN

Sin mencionarlos, la superintendente de Servicios Públicos le lanzó una fuerte respuesta a Carlos Caicedo y a Virna Johnson.
El exministro de Vivienda hizo vehementes afirmaciones sobre la manera en que estaban acabando la empresa de Servicios Públicos de Santa Marta.
La mandataria distrital la emprendió contra la Superservicios, cuestionándolos sobre los contratos que ellos firmaron. No se pronunció sobre los precios inflados.
El ahorro de la Essmar, tan solo en este ítem, es de 299 millones de pesos. Hablamos con la agente interventora.
Virna Johnson acudió a exigir la devolución de la empresa, insistiendo que la intervención la hicieron justo cuando su gobierno tenía la solución definitiva al desabastecimiento de agua.
Por lo tanto, la Superintendencia continuará su intervención. Así lo explica en un comunicado.
Así lo dijo el exalcalde de Santa Marta y candidato al Senado de la República, tras anunciar una denuncia penal contra Natasha Avendaño por haber intervenido la Essmar.
Los trabajos buscan optimizar la distribución de agua potable en el sector.
La entidad resaltó el concepto de improcedencia detallado por la Procuraduría sobre la tutela interpuesta por el exalcalde Rafael Martínez para devolver la Essmar a Caicedo.
Secundado por sus funcionarios, el gobernador gritó, pataleó y amenazó al agente que le impedía el ingreso a la gerencia. Finalmente, el gobernador tuvo que ceder.
Se espera que la Superintendencia de Servicios Públicos impugne el fallo de primera instancia.
El gobernador Caicedo hizo inmediata presencia en las oficinas administrativas para exigir que se le fuera devuelta la empresa. Seguimiento.co se comunicó con la Superintendencia.
El día de la intervención, el secretario Adolfo Bula le gritó al coronel que comandó el operativo que haría que lo echen de la Policía.
Seguimiento.co rastreó por lo menos cinco contratos de la actual primera dama del Magdalena, de los que se benefició en los últimos años.
Así lo determinó la Superintendencia de Servicios Públicos.
El grupo político aún no se resigna a la intervención de la empresa, para hoy organizan una vigilia para impedir la entrada y salida de camiones en la Sociedad Portuaria.