Recurrentes actos violentos ocasionarían más de 1.000 desplazados en varias zonas del país
La Defensoría del Pueblo alertó a las autoridades por el desplazamiento de más de mil personas en los departamentos de Nariño, Córdoba, Antioquia y Boyacá, en tan solo cuatro días, desde el 17 de enero y hasta el 20 del mismo mes.
Según la advertencia de la Defensoría, estos desplazamientos ocurren por el enfrentamiento de estructuras criminales, guerrillas y la fuerza pública en distintos municipios de los departamentos mencionados.
El primer hecho se registró el 17 de enero en el Consejo Comunitario La Voz de los Negros del municipio de Magüi Payán (Nariño), por enfrentamientos entre miembros del ELN y disidencias de las FARC, causando el desplazamiento forzado de 45 familias (172 personas).
Un segundo caso se produjo luego del asesinato del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Pedrito de San José de Uré (Córdoba) el 18 de enero. Debido a este hecho 75 familias (375 personas) tuvieron que salir de la zona por las amenazas que recibieron de miembros del grupo denominado “Caparrapos” y por los inminentes enfrentamientos entre estos y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
De igual manera, desde el Resguardo Indígena Dochama, colindante con el lugar de los hechos, comunidad advirtió sobre la posibilidad del desplazamiento de más personas.
“En un tercer evento ocurrido el 19 de enero se desplazaron 149 familias (383 personas) miembros del Pueblo Zenú y comunidades campesinas de las veredas Piamonte, Ponciano Bajo, Ponciano Alto, Tamaná, Alto del Tigre, El Tigre, Anará, San Francisco y Campanario del municipio de Cáceres (Antioquia)”, señaló la Defensoría.
Además, informó que también se desplazaron 25 familias (125 personas) de la vereda Puerto Colombia, del municipio de Caucasia”.
Así mismo aseguró que en esta zona se encuentran en riesgo de desplazamiento cerca de 350 familias residentes de la zona.
El defensor del Pueblo, Carlos Negret, hizo un llamado a las autoridades nacionales y territoriales a que garanticen la protección de estas personas y se puedan gestionar las ayudas necesarias para las personas que están en riesgo de desplazamiento.
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