Petro amenaza con cárcel a alcaldes por crisis del impuesto predial

En medio de las protestas campesinas por el aumento del avalúo catastral y el impuesto predial, el presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia directa a los mandatarios locales; quienes no promuevan ajustes en las tarifas podrían enfrentar consecuencias judiciales e incluso ir a la cárcel.

Durante un consejo de ministros, el jefe de Estado aseguró que, si es necesario, los alcaldes y gobernadores que no actúen para reducir la carga del predial “tendrán que responder ante la justicia”. Aunque aclaró que no sería una decisión personal sino competencia de los órganos de control, insistió en que la Constitución permite la remoción de autoridades locales cuando se altera el orden público.

La polémica se da en medio de bloqueos que ya completan varios días en Santander, especialmente en corredores estratégicos como la vía hacia el Aeropuerto Internacional Palonegro, en Bucaramanga. Las manifestaciones surgieron tras incrementos significativos en el avalúo de predios rurales y urbanos, lo que disparó el valor del impuesto para miles de propietarios.

El mandatario sostuvo que la actualización catastral responde a una obligación legal y a compromisos derivados del Acuerdo de Paz de 2016, que contempla la modernización del catastro rural. No obstante, subrayó que la tarifa final del impuesto no la fija el Gobierno nacional, sino los concejos municipales a iniciativa de los alcaldes.

“Son los alcaldes quienes pueden presentar acuerdos para bajar la tasa del predial a la población trabajadora”, reiteró. En esa línea, pidió al gobernador de Santander coordinar con los mandatarios municipales la aprobación de nuevos acuerdos que alivien el impacto sobre campesinos y sectores vulnerables.

Petro también solicitó levantar los bloqueos y advirtió que la fuerza pública actuará para garantizar el abastecimiento de alimentos si persisten las restricciones. A la par, anunció reuniones con autoridades locales para buscar una salida institucional al conflicto.

Desde las regiones, varios mandatarios han respondido que el alza del impuesto tiene como base la actualización de avalúos realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), entidad del orden nacional, y que los tiempos para ajustar las tarifas fueron insuficientes.

Mientras tanto, la mesa de diálogo instalada en Bogotá entre delegados del Gobierno, autoridades territoriales y voceros campesinos terminó su primera jornada sin acuerdos, en un ambiente de alta tensión. Los manifestantes mantienen la exigencia de revisar los nuevos avalúos y congelar el cobro del impuesto mientras se redefine el mecanismo.