Por presunto detrimento de $9.500 millones, investigan a rector de Universidad Militar

- La investigación, que comenzó en noviembre de 2022, arrojó resultados preocupantes.

- Con base en las pruebas recaudadas, el Ministerio Público prorrogó la investigación por seis meses y vinculó a otros 10 funcionarios.  

Bogotá, D. C., 20 de junio de 2023 (@PGN_COL). La Procuraduría General de la Nación vinculó a otros 10 funcionarios de la Universidad Militar en la investigación que adelanta contra el rector, Luis Fernando Puentes Torres, y a su equipo, por presuntas irregularidades en la ejecución financiera y avance físico de dos proyectos de infraestructura por más de $ 9.500 millones. 

El primer proyecto, cuyo costo inicial fue autorizado por el OCAD Ciencia y tecnología, por $ 5.162 millones, tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades instaladas en ciencia y tecnología, (infraestructura y equipos) del laboratorio de diagnóstico, ubicado en el campus de la universidad, para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana.

A pesar de haber sido aprobado el 15 de mayo de 2020, con el fin de aportar en la investigación relacionada con la pandemia COVID 19, hasta el momento la obra presenta un avance físico de apenas 30,4 % y un avance financiero de 30,19 %.

El segundo proyecto, por $ 4.297 millones, es el laboratorio de la facultad de Medicina de la universidad, cuya construcción y adecuación también fue autorizada por el OCAD Ciencia y Tecnología el 15 de mayo de 2020. 

La obra habría sido contratada sin licitación, con la Federación de Asociaciones de Profesionales Egresaos de la Universidad Militar Nueva Granada, Fedegranadinos,  y presenta solo 23 % de avance físico y 36,25 % de ejecución financiera, a pesar de que el plazo de entrega era febrero de 2022. 

El Ministerio Público encontró fallas en las etapas de planeación y ejecución de los dos proyectos, como desactualización de los estudios y diseños previos a las construcciones, suspensiones de obra injustificadas, descuentos no permitidos a los anticipos entregados e incumplimientos reiterados frente al manual de contratación de la universidad. 

Por estas razones y de acuerdo con las pruebas recaudadas hasta el momento, la Procuraduría Delegada para el Seguimiento a los Recursos de Regalías decidió prorrogar el término de la investigación por seis meses y vincular a otros 10 funcionarios, entre los que se cuentan  Gustavo Enrique Becerra,  Vicerrector del campus, Henry Mejía Suescún, jefe de la división de laboratorios, y Máximo Alberto Duque Piedrahita, exdirector de Medicina Legal y actual asesor de la universidad, encargado de la supervisión de los contratos.