Disputa de 'pesos pesados' del narcotráfico: la oscura guerra detrás del secuestro de Lyan

El secuestro de Lyan José Hortúa Bonilla, de 11 años, ocurrido el pasado 3 de mayo en Jamundí (Valle del Cauca), no fue un simple acto criminal. Detrás del rapto se esconde una compleja red de venganzas y cuentas por saldar entre antiguos y nuevos actores del narcotráfico del suroccidente colombiano.

Según reveló en exclusiva la revista Semana, el menor fue víctima colateral de una vieja deuda que involucra a uno de los capos más temidos del país: Diego Rastrojo. El poderoso narco, hoy supuestamente desde la clandestinidad, habría ordenado el secuestro como medida de presión para recuperar una suma multimillonaria que considera suya.

Fuentes consultadas por ese medio señalaron que el verdadero blanco del operativo eran Angie Bonilla, madre del menor, o su actual pareja, Jorsuar Suárez. Al no encontrarlos, los secuestradores —al parecer integrantes de la disidencia Jaime Martínez de las FARC— optaron por llevarse al niño. Un “error operativo”, según versiones de los propios criminales.

Lo que siguió fue una cadena de hechos ‘oscuros’; llamadas desde la cárcel, amenazas veladas, negociaciones a puerta cerrada y una familia sumida en el terror. En medio de todo, Lyan —un niño con problemas de salud— permaneció 19 días en cautiverio. Su liberación se logró luego de un pago que, aunque sus familiares han tratado de mantener en reserva, sería apenas el primer abono de una deuda superior a los 37.000 millones de pesos, según la investigación de Semana.

El pasado que no perdona

El nombre de Angie Bonilla no es nuevo en los expedientes judiciales. Según las autoridades, fue cercana al círculo íntimo de alias ‘Mascota’, expareja y padre biológico de Lyan, asesinado en Cali en 2013 y considerado heredero de Diego Rastrojo.

Se presume que ella habría administrado bienes y dinero de los capos en sus épocas doradas. Con la muerte de ‘Mascota’ y la extradición de Rastrojo, esos activos habrían desaparecido o cambiado de manos.

Ese presunto desfalco habría sido el detonante de todo. Cuando los alfiles de Rastrojo regresaron al Valle, exigieron cuentas: “La plata y los bienes no estaban”, confirmó a Semana una fuente cercana al caso.

Narcos en modo mediador

La presión fue tan grande que incluso otros capos en prisión, como alias Pipe Tuluá, Alacrán y Guacamayo, fueron contactados para mediar. Aunque se negaron a tomar partido, sí exigieron que la vida del menor fuera respetada. Algunos, según las fuentes de Semana, llegaron a facilitar medicinas y permitir videollamadas entre el niño y su familia.

“Si a ese niño le pasaba algo, se incendiaba todo el Valle”, confesó un oficial que participó en las mesas de seguimiento.

El precio de la libertad

Este 21 de mayo, Lyan fue liberado. La familia pagó por su libertad. Aunque no revelaron oficialmente el monto, las cifras que circulan superan los 4.000 millones.

Pero la historia no terminó con la liberación. Hoy jueves, horas después, fue asesinado en Cali el hombre que, según la familia, habría entregado el dinero: Antonio Cuadros, primo del padrastro del menor.

El asesinato del intermediario

Antonio Cuadros fue baleado en el barrio Bretaña de Cali, apenas horas después del reencuentro del niño con su familia. De acuerdo con el personero de la ciudad, Gerardo Mendoza, Cuadros habría sido quien llevó el dinero hasta Jamundí y sirvió como enlace en la transacción con los captores. El crimen, cometido con sevicia, dejó además a una mujer herida.

“Lo triste es que ayer celebrábamos la vida, y hoy estamos de luto. No podemos permitir que la muerte haga carrera en el territorio”, expresó Mendoza a Semana. La ejecución de Cuadros, según fuentes cercanas a la familia, podría ser una advertencia: alguien no quedó conforme con la negociación.

El silencio del Gobierno

Mientras tanto, la familia de Lyan lanzó duras críticas al gobierno nacional. En declaraciones a medios, el padrastro del menor denunció abandono del Estado. “Nunca llegó nadie. Ni la Policía ni el Ejército. Nos tocó negociar solos”, dijo.

La transacción para la liberación —según la misma investigación— se habría hecho en efectivo, con billetes contados uno a uno, entregados en Jamundí y luego trasladados por emisarios hasta una zona rural del municipio. El Gobierno, al parecer, decidió mantenerse al margen por tratarse de una confrontación entre “pesos pesados del narco”.