Cerca de 70 mujeres denuncian abuso sexual en exámenes médicos del Ejército en Popayán

Una ola de indignación nacional desató la denuncia colectiva de un grupo de mujeres que buscaba formar parte del segundo contingente de incorporación militar del año 2026. 

Lo que debía ser un respetuoso proceso de selección psicofísica se transformó, según las aspirantes, en un escenario de humillación, desprotección institucional y agresiones directas contra su libertad y autonomía sexual.

De acuerdo con las denuncias formales interpuestas ante las autoridades competentes, los hechos se desarrollaron entre el 14 y 15 de mayo en la capital del Cauca, donde cerca de 70 mujeres acudieron a las citas médicas programadas. Tras superar las pruebas iniciales, las jóvenes eran ingresadas de forma individual a un consultorio para ser evaluadas por un médico general de sexo masculino.

Las aspirantes relatan que tras realizar flexiones y sentadillas, el profesional procedía a efectuar contactos físicos directos en la zona de los senos y el vientre abdominal sin ofrecer explicaciones técnicas previas ni solicitar su debida autorización.

El momento de mayor angustia ocurría cuando el médico ordenaba bajar la ropa interior hasta las rodillas y adoptar una posición fetal de cara a la pared: “desde esa ubicación, procedía a realizar la inspección directa de la zona íntima, manipulando el área con el fin de observar tanto la parte anterior como posterior, efectuando una apertura manual”, detalló una de las víctimas.

Las afectadas coincidieron en que los exámenes se ejecutaron de forma imprevista y sorpresiva, generando profundos sentimientos de vergüenza, desespero, desprotección y una sensación de exposición total del cuerpo ante un superior institucional.

El expediente de denuncias también salpica la conducta del personal militar encargado de coordinar la logística de incorporación en Popayán. Las mujeres relataron que, previo al ingreso a los consultorios, una suboficial con el grado de Cabo Tercero les advirtió de manera abierta que la aspirante que no estuviera dispuesta a acatar el procedimiento médico podía retirarse inmediatamente y abandonar el proceso.

Esta declaración fue interpretada por el grupo de mujeres como una coacción silenciosa y una presión psicológica indebida: “muchas aceptamos en silencio, no porque estuviéramos de acuerdo, sino por miedo, por presión y por el deseo de no quedar por fuera del proceso”, argumentó la denunciante.

Frente al revuelo social y las solicitudes de las víctimas para determinar si estas invasivas inspecciones manuales violaron la dignidad humana y los manuales forenses del Estado, el Ejército Nacional emitió un comunicado oficial fijando su posición institucional:

1 Colaboración judicial: la institución armada manifestó su “plena disposición” para cooperar de manera transparente con la Fiscalía General de la Nación en el recaudo de pruebas e investigaciones penales de campo.

2 Marco normativo: afirmaron que el examen de aptitud psicofísica es técnico y se rige clínicamente bajo la Directiva Permanente n.° 012400830242 de la Dirección General de Sanidad.

3 Rechazo a conductas abusivas: el comando central enfatizó su rechazo categórico hacia cualquier comportamiento individual de sus funcionarios que atente contra los Derechos Humanos.