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26 de June de 2019

La irracionalidad en la violencia

Hay discusiones estériles en el campo de lo pragmático y de lo irracional que puede llegar a convertir ciertos temas en una continua dicotomía entre los que siempre van a justificar su actuación y van a querer ponderar su obra culpando del fracaso a otros y entre los que de alguna manera buscan visibilizar los hechos para generar, al menos un debate. He visto pasar en los últimos años una romería de Consejos de Seguridad, citaciones del Concejo Distrital y de la Asamblea Departamental, para llagar siempre a una conclusión: nada es concluyente. No pasa nada salvo unas notas de prensa y cierto desahogo plural por redes sociales que solo muestran malestar, pero que en últimas solo sirven para generar tendencia y ganar seguidores. En lo plano de lo importante, no pasa nada y me refiero de manera tacita a la seguridad en el distrito de Santa Marta.    

No existe racionalidad en la violencia aunque sea un comportamiento ligado a la conducta humana y animal; y esa actuación, que podríamos llamar racionalidad natural, no equivale a una necesidad abstracta que se pueda resolver en un juego mecánico de fuerzas donde se ponderen elementos de carácter definido, que tiene, en muchos casos, unos destinatarios pasivos, frente a un ejercicio desmedido de poder. Y aquí entra un elemento de valor de la violencia y es que legitima desde la decisión o respuesta político–administrativa que lo antecede. En el distrito no existe una Política Pública de Seguridad y hay un Plan Integral de Seguridad y Convivencia que como el del periodo pasado, termino guardado en un archivo o en mi biblioteca personal. 

No son tiempos comunes: somos herederos de una violencia irracional que no se define con claridad, pese a que tiene elementos trasversales que pueden llegar a disminuir sustancialmente su impacto y hablo de la violencia que fundamenta su actuación en los ejércitos totalitarios, cuya principal labor es la administración y el control de los espacios. No hay que hablar de los delitos de alto impacto, sabemos que están disparados y que pese a que todo el tiempo las cifras se muestren de manera dibujada, la realidad siempre termina tumbando esa pintura.

Desde mi perspectiva tengo una crítica grande con la administración distrital, porque lo que debió ser una función misional, terminó siendo protagónico, populista y la responsabilidad hay que adjudicársela a quién le corresponde. Hace mal Rafael Martínez en culpar a Rúgeles (alcalde encargado de Santa Marta) y a Camilo George (secretario de Seguridad y Convivencia) por los desaciertos en las continuas fallas en la seguridad, sin embargo, hay que hacer dos precisiones: Carlos Caicedo heredó el problema, en eso hay que ser justo. No lo propició, pero se equivocó en la forma de afrontarlo. No supo leer el territorio y como consecuencia tomó medias desafortunadas, entre ellas, el aislamiento a la zona rural y preocuparse por el efecto, que es el resultado de la fuerza violenta que le ejerce a un elemento. Luego llegó Martínez y siguió la misma política. Los resultados, tarde que temprano cobran factura. No es cierto que Caicedo sacó a Santa Marta de la clasificación de las 50 ciudades más violentas del mundo. Tampoco es cierto que la medida del parrillero hombre haya disminuido los sicariatos en Santa Marta, lo que sí pasó es que un grupo criminal dominó al otro y como consecuencia se estabilizó. Eso trajo una paz relativa y digo relativa porque de manera somera el grupo armado que dominó siguió ejerciendo la violencia, pero esta vez, sin la presión del otro actor armado que propicia la disputa y la crueldad. El que dominó, siguió extorsionado, coaccionando; siguió asesinando y ganando espacios para control territorial. El problema es que en el mundo criminal este dominio no es eterno y ahora nos enfrentamos a una nueva disputa criminal.

La segunda claridad que hay que hacer es la idoneidad. En una cartera tan compleja no debieron poner personas sin conocimiento del tema; empezaron por estrategas de seguridad graduados en twitter y debo decir, con profundo pesar, que no conozco en Santa Marta alguien a la altura de esta cartera, si alguien me puede enmendar en el error, aceptaría con donaire y elevara una aclaración. Mientras eso pasa, pienso que George fue una decisión desacertada. No dudo de su profesionalismo; incluso de su interés desmedido porque la seguridad avance y sus sacrificios personales; tiene lo que no tuvieron otros: trabajo, pero no es su campo y sería una persona valiosa en otra secretaría que le aportaría sustancialmente a la ciudad.  

En Santa Marta, en los últimos 13 años, después del papel hegemónico del Frente Resistencia Tayrona, han pasado un número igual de estructuras criminales, al menos la mitad de ellas, en el periodo Caicedo-Martínez. La improvisación en la seguridad es el resultado de su mala planeación y modelo de gestión, es el resultado de lo que tenemos: limpieza social, disputa territorial, aumento en las extorsiones, atentados y sicariatos, que pensaron que podían resolver gastándose los dineros de la seguridad en inversión para medidas de presión y control basado en el autoritarismo. En eso quedó todo su discurso de seguridad humana, que es todo lo contrario a los que hicieron.

Pero nos dejaron, adicional a estos, otro problema que da cuenta de su irresponsabilidad: le volvieron a abrir el paso a un modelo, seriamente cuestionado y cuya política de seguridad, dejó, al menos en la Sierra Nevada de Santa Marta serias violaciones a los Derechos Humanos, al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a la libertad, a la presunción de inocencia y al debido proceso jurídico. Coadyuvó al exterminio de los movimientos sociales y sindicales de la ciudad y esto es grave porque se replica el modelo que ejerció durante más de 40 años la violencia y que se nutrió, especialmente de apagar voces.  

El piloto de seguridad en Santa Marta tiene que ser reevaluado en su totalidad: no funcionó y no va a funcionar. De nada sirve llenar la ciudad de policía, esto es represivo, mientras ustedes piensan una medida los delincuentes ya han pensado en como controvertirla. Así funciona el mundo del hampa: hecha le Ley, hecha la trampa. Han traído policías y unidades especiales y esto no ha disminuido el delito: siguen asesinando, extorsionando y amenazando. Siguen controlando espacios. No digo que este mal, pero no están ayudando a la erradicación del fenómeno, que aunque se niegan a aceptarlo se llama paramilitarismo, que está vivo, presente y que tiene 13 años reorganizándose. En unos días, cuando la disputa territorial termine, van a volver a disminuir los homicidios, que es lo que más impacta y van a seguir ejerciendo otras medidas de control, medidas que la gente no denuncia por temor y que hace los indicadores, que se nutren de las denuncias, vuelva a caer.

En unos meses vamos a decir nuevamente: Santa Marta es un remanso de paz y volvemos a la frase famosa de Martínez “Aquí, si hay delincuencia, es poquita, pero la tenemos controlada” el tema real es quien controla a quien o quien controló a quién.

Finalmente, para terminar esta columna, referiré brevemente a un hecho trascendental y a los números. El primero, la muerte del comandante de los Pachencas, que aunque sea de impacto, lo que nos permite es hacer otra lectura. El tipo estaba de salida y negociando. No tenía poder. Luego estamos frente a una estructura con capacidad de mutación y de adaptación. Vamos a tener actores criminales para un buen rato y, los números: al 26 de junio de 2019 y según datos de Medicina Legal, 64 homicidios; cinco son mujeres y en la distribución del departamento tiene el 43%, seguidos por Zona Bananera con el 11% (30 homicidios) y Ciénaga con el 9%, (25 homicidios), lo que nos indica que el problema es Santa Marta.              

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