¿Paz Total? Crisis en la Sierra Nevada muestra que el control territorial sigue intacto

Los bloqueos en la Troncal del Caribe, la quema de vehículos, los desplazamientos de campesinos y las afectaciones al turismo dejaron este lunes una imagen poco habitual en Santa Marta y el norte del Magdalena: carreteras cerradas, viajeros atrapados, negocios operando a media marcha y comunidades enteras pendientes de lo que ocurre en la Sierra Nevada.

Mientras las autoridades intentan recuperar el control de la movilidad y atender la emergencia derivada de los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), defensores de derechos humanos advierten que la crisis va más allá de los combates y refleja problemas que permanecen sin resolver en el territorio.

La discusión sobre el control territorial

Para la defensora de derechos humanos Norma Vera, lo ocurrido durante las últimas horas evidencia las limitaciones de los procesos adelantados con los grupos armados.

“Más allá de la confrontación armada, la crisis actual en la Sierra Nevada de Santa Marta expone el agotamiento de La Paz total, que solo congeló temporalmente la violencia, sin desmontar el verdadero poder territorial de los grupos armados”.

Según Vera, la preocupación no está centrada en la decisión del Estado de adelantar operaciones contra estructuras armadas ilegales, sino en los resultados que han dejado años de acercamientos y negociaciones.

“El problema de fondo no radica en la reactivación de las operaciones militares, las cuales son legítimas, sino en una realidad más incómoda: tras años de diálogos y treguas, las conquistadoras de La sierra conservan intacta su capacidad para paralizar la movilidad regional, fracturar las dinámicas sociales y provocar crisis humanitarias que desbordan el campo de batalla”.

La defensora considera que el principal desafío no está únicamente en los enfrentamientos, sino en el control que ejercen los actores armados sobre la vida diaria de las comunidades.

“Lo más grave de la situación actual es que la disputa ya no se mide únicamente en control militar, sino en el dominio absoluto de la vida cotidiana”.

Vera también advirtió que la verdadera discusión tras los hechos registrados en la Sierra Nevada no pasa únicamente por quién ejerce control sobre el territorio, sino por la capacidad de afectar las condiciones básicas de vida de la población.

“Si una carretera clave puede ser bloqueada a voluntad, si una región entera puede quedar desabastecida o si cientos de personas terminan confinadas durante horas, la conclusión es ineludible: el problema de la gobernabilidad territorial sigue sin resolverse”.

En ese contexto, lanzó una de las advertencias más contundentes sobre la situación que atraviesa la región. “No estamos ante una crisis pasajera, sino ante un gobierno de facto que persiste a la sombra de las negociaciones”.

Los costos de la crisis para la población civil

Desde otra mirada, el defensor de derechos humanos Lerber Dimas señaló que la situación ha terminado golpeando directamente a la población civil.

“La situación realmente es muy compleja, es muy delicada porque independientemente de que una protesta sea legítima tiene que prevalecer el respeto por los derechos humanos y unas garantías que hoy nos están dando”.

Dimas aseguró que, aunque existe inconformidad en sectores de las comunidades frente al desarrollo de los procesos de paz y la situación en el territorio, acciones como la quema de vehículos, la tala de árboles para bloquear vías y otros hechos registrados terminan afectando a quienes nada tienen que ver con la confrontación.

“Uno puede entender perfectamente el descontento que tienen las comunidades frente a un fallido proceso de paz en los territorios”, indicó. Sin embargo, advirtió que “hay unas situaciones vulnerables que deslegitiman por completo cualquier bloqueo o cualquier validación o busca de validación por muy legítima que sea”.

El defensor aseguró que los efectos de la crisis ya son visibles en distintos sectores de Santa Marta. “Se siente un miedo colectivo a partir de una acción que se ha generalizado y que es muy compleja y que no debería estar ocurriendo en estos términos”, afirmó.

Además, alertó sobre el impacto económico que puede generar la prolongación de los bloqueos en una región que depende en gran medida de la actividad turística. “Hay un movimiento económico que se pierde con esta situación y que genera toda esta incertidumbre y sobre todo que genera todo este daño económico que no va a ser tan fácil revertir en una temporada turística y en una ciudad que depende del turismo”.

Dimas también llamó la atención sobre las consecuencias que la crisis está teniendo en la vida cotidiana de la ciudad. Según explicó, la movilidad se ha reducido, algunos establecimientos han limitado sus actividades y numerosas personas han visto alteradas sus rutinas por cuenta de la incertidumbre que generan los hechos de violencia y los bloqueos.

Una crisis que supera el campo de batalla

Los dos defensores coinciden en que la principal preocupación debe centrarse en la población civil. Mientras continúan los operativos militares y persisten las afectaciones en algunos corredores viales, miles de personas siguen enfrentando dificultades para movilizarse, trabajar, estudiar o desarrollar sus actividades cotidianas.

Dimas insistió en que la salida debe construirse a través de espacios de concertación que involucren a todas las partes. “La invitación que nosotros hacemos es buscar el diálogo y el diálogo tiene que ser un diálogo sincero, tiene que ser un diálogo abierto, tiene que ser un diálogo constructivo”.

Más allá de los enfrentamientos entre el Ejército y las ACSN, los efectos de la crisis ya se sienten en las carreteras, el comercio, el turismo y la vida diaria de miles de habitantes de Magdalena y La Guajira. Para los defensores de derechos humanos, la prioridad inmediata pasa por proteger a la población civil, recuperar la movilidad y evitar que la confrontación siga trasladando sus costos a las comunidades.