Fiscalía acusó formalmente a Ricardo Roa por tráfico de influencias tras compra de apartamento

La Fiscalía General de la Nación radicó formalmente el escrito de acusación contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, buscando demostrar que el alto ejecutivo incurrió en un desvío de sus funciones institucionales para beneficiar los intereses comerciales de un empresario privado.

El expediente penal detalla que Roa, quien se encuentra actualmente en uso de una licencia, aprovechó su posición jerárquica entre agosto y octubre de 2024 para interferir de manera indebida en los comités de contratación de la filial Hocol. 

Las pruebas documentales y testimoniales en poder de la Fiscalía señalan que Roa le impartió instrucciones directas y reiteradas al presidente de esa compañía, Luis Enrique Rojas, para que asignara de manera digital el megaproyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG a la empresa GAXI ESP S.A.S.

Las reuniones para coordinar el presunto favorecimiento ilegal se desarrollaron en tres escenarios específicos: la primera de ellas ocurrió el 20 de agosto de 2024 durante un almuerzo en un restaurante de la localidad de Chapinero; la segunda se dio semanas después en la sede principal de Ecopetrol en Bogotá; y el último acercamiento se perpetró en octubre del mismo año al término de una sesión formal de la junta directiva de la petrolera estatal, donde Roa le exigió a Rojas quedarse a solas para ratificar la orden de adjudicación en favor de la firma seleccionada.

El beneficio obtenido por Roa a cambio de estas presiones institucionales se materializó en la adquisición de un apartamento de lujo en el nororiente de Bogotá, de propiedad del contratista beneficiado, Juan Guillermo Mancera. 

La auditoría de la Fiscalía demostró que el presidente de Ecopetrol compró el inmueble por un valor de 1.800 millones de pesos, a pesar de que los avalúos comerciales y catastrales reales del mercado técnico fijaban el precio de la propiedad en 2.727 millones de pesos, configurándose un descuento sospechoso de 927 millones de pesos.

Tras la radicación formal de la acusación, el proceso penal quedó sujeto al reparto aleatorio entre los diferentes juzgados penales de conocimiento de Bogotá.