Millonarios pagos y sistema sin operar: hallazgos por $21.000 millones en el Setp

La Contraloría General de la República configuró hallazgos fiscales por más de $21.000 millones en la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Santa Marta, tras una auditoría realizada a los recursos nacionales transferidos durante las vigencias 2023 y el primer semestre de 2025.

Según el organismo de control, las irregularidades están relacionadas con fallas graves en la supervisión, la interventoría y el seguimiento contractual, tanto por parte del Ministerio de Transporte como del Ente Gestor del SETP, lo que comprometió la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

El principal hallazgo fiscal, por $19.840 millones, con presunta incidencia disciplinaria, está asociado a un contrato firmado en 2023, durante la administración distrital encabezada por la entonces alcaldesa Virna Johnson, para la implementación del Sistema de Recaudo Centralizado, Control de Flota e Información al Usuario. Aunque el contrato fue pagado en su totalidad, la Contraloría evidenció que al 31 de junio de 2025 no se había realizado la entrega ni la puesta en funcionamiento de los equipos tecnológicos, impidiendo el cumplimiento del objeto contractual.

Adicionalmente, se identificó un segundo hallazgo fiscal por $1.250 millones, también con posible incidencia disciplinaria, relacionado con el contrato de interventoría. En este caso, el ente de control señaló que la interventoría no advirtió ni reportó oportunamente los incumplimientos, ni recomendó medidas correctivas o sancionatorias, pese a haber autorizado los pagos correspondientes.

La auditoría también evidenció deficiencias en el seguimiento al convenio de cofinanciación y la falta de acciones frente a las recomendaciones técnicas emitidas por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), lo que afectó la adecuada gestión y control de los recursos aportados por la Nación.

Uno de los aspectos más críticos señalados por la Contraloría fue que la entrega parcial del Sistema de Operación se realizó de manera virtual, sin un acta técnica formal que certificara los elementos entregados, sus identificaciones y especificaciones, como lo exigía el contrato. Además, pese a los pagos efectuados, el sistema no se encuentra en funcionamiento.

La Contraloría General de la República reiteró que estas actuaciones hacen parte de su labor permanente de vigilancia, control y protección de los recursos públicos, en defensa del patrimonio del Estado y del interés general.