Con apoyo de la Clínica Jurídica de Unimagdalena, Nueva Esperanza logró recuperar su vía

Lo que empezó como una emergencia por la creciente del río Toribio el 31 de agosto de 2024, terminó convirtiéndose en una batalla legal y comunitaria que, tras meses de gestiones, logró la reconstrucción de la única vía de acceso a la vereda Nueva Esperanza, en jurisdicción de Cordobita, Ciénaga.

El inicio de la crisis

La creciente del río Toribio, exacerbada por fuertes lluvias, arrasó con la vía que comunicaba a la vereda con el resto del municipio, dejando incomunicadas a más de 200 familias.

"La vereda Nueva Esperanza tiene alrededor de 280 parcelas componiéndose la misma por el poblado, que es la parte de la entrada en donde inicia la ruta del Sol 2 o colinda con la ruta del Sol 2. En la parte norte se encuentra con el Río Toribio, en la parte sur con el Río Córdoba, en la parte oriental llegamos a los Colorados", explicó Freddy Timms Urbina, líder comunitario.

Los habitantes perdieron cultivos, enseres y animales, mientras que los niños se quedaron sin acceso a la educación. Además, los adultos mayores y las personas con discapacidad no pudieron recibir atención médica. Ante la falta de respuesta oportuna, la comunidad advirtió en su momento que tomaría medidas como el bloqueo de la Troncal del Caribe para exigir soluciones.

Compromisos incumplidos

El 8 de septiembre, funcionarios municipales, encabezados por la Alta Consejera para la Paz, Lía Henríquez, y el corregidor local, David Santiago Chacón, se reunieron con los líderes comunitarios y prometieron gestionar maquinaria en un plazo de una semana para rehabilitar la vía, además de realizar un censo de afectados el 9 de septiembre. Sin embargo, los compromisos no se cumplieron en los tiempos acordados.

La denuncia y la acción de tutela

La problemática de la comunidad fue denunciada inicialmente por Seguimiento.co, lo que permitió visibilizar la situación y alertar sobre la gravedad del asunto. Gracias a esto, la Clínica Jurídica de la Universidad del Magdalena, a través de su coordinadora, la abogada Melina Quintero Santos, conoció el caso y decidió intervenir legalmente.

Ante la inacción de las autoridades, se interpuso una acción de tutela en favor de la comunidad, enfocándose en la vulneración de derechos fundamentales a la salud, la educación y la dignidad.

"Presentamos una acción de tutela, porque necesitábamos que de manera urgente se restableciera la vía para evitar que el desastre fuera peor y sobre todo que las afectaciones en materia de derechos humanos pudieran escalar", señaló Quintero.

El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ciénaga falló a favor de los demandantes el 2 de octubre de 2024, ordenando la instalación de una mesa de diálogo con la comunidad para definir soluciones y establecer un cronograma de reparación de la vía. No obstante, el fallo fue impugnado y posteriormente anulado por el Tribunal Superior de Santa Marta, que ordenó la vinculación de otras entidades y funcionarios involucrados debido a omisiones en el proceso.

Presiones y avances

A pesar de las nulidades procesales y retrasos judiciales, la presión comunitaria y la acción legal lograron que las autoridades municipales y departamentales tomaran medidas. Finalmente, maquinaria de la Gobernación y la Alcaldía de Ciénaga intervinieron en la zona, permitiendo la reconstrucción de la vía y el restablecimiento de la conexión con el resto del municipio.

"Celebramos este triunfo y estamos comprometidos con la comunidad por todos los adelantos que se han realizado, pero sobre todo estamos comprometidos para seguir llevando a cabo todo este proceso de defensa y promoción de los derechos humanos", manifestó Quintero Santos.

"Gracias a la Universidad del Magdalena por habernos apoyado a través de estas acciones legales, pudimos conseguir que la gobernación del departamento y el municipio de Ciénaga nos brindaran las máquinas necesarias", expresó por su parte Freddy Timms.

A pesar del desenlace favorable, la comunidad sigue exigiendo mayor compromiso del gobierno local y departamental para prevenir futuras crisis y brindar apoyo a las familias que quedaron en la ruina tras la emergencia.

"Aquí hay mucha necesidad, los animales se murieron de hambre porque no había cómo entrar la comida. Los que producen alguna clase de agricultura se les quedaba allá porque no tenían cómo sacarla", dijo Salvador, uno de los habitantes de la vereda.

La Clínica Jurídica de la Universidad del Magdalena ha reiterado que continuará acompañando a las comunidades en la defensa de sus derechos.