El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se encuentra en el centro de la polémica, tras radicar en el Congreso de la República un proyecto de ley que pide crear un nuevo delito en Colombia: la obstrucción a la paz.
El proyecto de ley, pide sanciones carcelarias a quienes se opongan al normal desarrollo de procesos de paz en Colombia, e intervengan en los ciclos de negociaciones o en la implementación de los acuerdos.
Por otra parte, el proyecto de ley solicita también el endurecimiento de penas por homicidios a firmantes de paz y excombatientes en Colombia.
“El proyecto establece la tipificación de crímenes que puedan interferir en las negociaciones y la implementación de acuerdos. Se busca endurecer el castigo de la responsabilidad penal por asesinatos de firmantes de acuerdos de paz, prestando especial atención a los servidores públicos de alto rango”, dijo el senador.
En tercer lugar, Cepeda propone también, agravar las penas para los funcionarios públicos que no solo se opongan deliberadamente a este tipo de procesos, sino también a quienes incurran en hechos de corrupción con fondos públicos destinados a la paz.
He radicado un proyecto de ley para combatir los delitos que atenten contra la paz, especialmente cuando son cometidos por altos servidores públicos. El objetivo es sancionar acciones que obstaculicen el proceso de consolidación de la paz en Colombia. El proyecto establece la… pic.twitter.com/KNKkMBA7IT
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) November 16, 2023
Aunque el proyecto está siendo defendido por los congresistas del Partido Comunes, antes Farc, y el Pacto Histórico, desde otros sectores se señaló que la medida es inconstitucional porque restringe las libertades democráticas.
Por su parte el fiscal General, Francisco Barbosa, se refirió a la iniciativa y ante la Revista Semana lo calificó como “un proyecto de ley mordaza”.
Según Barbosa, la iniciativa “pretende establecer en Colombia un Estado totalitario. Por un lado, que los servidores públicos sean indebidamente judicializados por defender las instituciones cuando, bajo la excusa de la paz, se quiera suplantar el Estado de Derecho por la criminalidad, tal como está sucediendo en Colombia. Y por el otro, quieren mandar a la cárcel a todos los servidores públicos y particulares, incluidos periodistas, por pronunciarse sobre iniciativas y procesos en ejecución que tienen que ver con la polémica paz que está negociando el presidente Petro”.