Alcaldesa Virna molesta porque a alias ‘El Pri’ y ‘Malo Malito’ le otorgaron domiciliaria

Lo que fue la carta de presentación del actual comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jesús Manuel de los Reyes Valencia no se está cumpliendo.

La máxima autoridad de la Policía en el Distrito en el acto de posesión como comandante dijo que una de sus acciones sería trabajar en conjunto con los jueces para que a los delincuentes no se les otorgará casa por cárcel. Sin embargo, de los Reyes Valencia no ha contado con el apoyo de los jueces, porque esto sigue pasando.

De los Reyes argumentaba que la mayoría de los delincuentes que reciben el beneficio de domiciliaria, siguen delinquiendo desde sus casas.

En este sentido, la que se pronunció frente a estas ‘sinvergüencerías de la justicia’ fue la alcaldesa de Santa Marta, Virna Jonson, quien publicó en su red social de Twitter: “No puede ser que la Policía Metropolitana de Santa Marta saque a delincuentes de las calles y el sistema judicial los envíe a sus casas con detención domiciliaria. Es fundamental que en Santa Marta a estos casos se les den medidas y condenas Ejemplares. Seguiremos en la lucha”.

Las declaraciones de la mandataria distrital se dan porque un Juez con Funciones de Control de Garantías ordenó medida de aseguramiento domiciliaria para Carlos José Manotas Castro, alias ‘Malo Malito’ y Jorge Luis Arrieta Mercado, alias ‘El Pri’, quienes con orden judicial fueron capturados en el barrio El Milagro por el delito de hurto calificado.

Estos sujetos, al parecer, se dedicaban al hurto bajo la modalidad de atraco mediante el uso de armas de fuego en el sector de la Vía Alterna y otros sectores de la ciudad.

Alias ‘El Pri’ presentaba anotaciones por los delitos de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, de igual forma, tiene en su contra 6 anotaciones por hurto en hechos cometidos en años anteriores, 3 por tráfico fabricación o porte de estupefacientes y una por lesiones personales.

La conclusión es que la Policía hace el procedimiento, pero los jueces los sueltan ¿a qué jugamos?