“Haber solicitado mi suspensión no está ajustado a Derecho”: Jaime Noguera

Al filo del mediodía de este viernes, el vicerrector administrativo de la Universidad del Magdalena, Jaime Noguera Serrano, se presentó a la sede de la Contraloría del Magdalena para solicitar copia del acto administrativo mediante el cual se exige la suspensión de su cargo mientras que se adelanta un proceso de investigación fiscal por presunto detrimento en la ejecución de un contrato público del año 2018.

En declaraciones a Seguimiento.co, Noguera aseguró que apelará a los recursos jurídicos necesarios para probar que su actuación ha sido válida y que no hay lugar a que le impongan una medida que llevó a la suspensión de su cargo.

“Me corresponde ejercer el derecho a la defensa, voy a impetrar las acciones que la Ley me permite para garantizar mi derecho al debido proceso y demostrar que la actuación no está ajustada a derecho y que por lo tanto no corresponde solicitar mi suspensión”, dijo Noguera a la salida de la Contraloría.

La exigencia vino por parte del contralor del Magdalena, Alberto Mario Garzón Wilches, quien hizo pública una comunicación que se divulgó masivamente el día de ayer (jueves), en la que le pide al rector de la Universidad, Pablo Vera Salazar, que retire del cargo a Noguera y a otro funcionario, mientras se adelanta la investigación fiscal por el contrato de los servicios generales y de cafetería contratados por la Unimagdalena en el año 2018, por valor cercano a los 7 mil millones de pesos.

En un pronunciamiento oficial, el rector Pablo Vera Salazar se mostró “respetuoso de la norma” y por eso anunció que ya se están realizando los respectivos estudios jurídicos para proyectar los actos administrativos correspondientes que separan de sus cargos a los dos funcionarios, mientras se adelanta la respectiva investigación.

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Sin embargo, también mostró solidaridad hacia los funcionarios y manifestó que se demostrará que las actuaciones de los funcionarios involucrados en este proceso contractual han sido transparentes.

La presunta irregularidad que se investiga tuvo que ver con un contrato que se ejecutó a cabalidad; a la Universidad se le prestó el servicio. No obstante, el rector aduce que “la universidad detectó que se falsificaron los pagos de seguridad social de algunos trabajadores, y la Universidad decidió retener los últimos pagos y pagar de manera directa a los trabajadores”.

También dijo que en su momento se adelantaron las sanciones respectivas hacia el contratista por la presunta irregularidad y aclaró que “no se perdió ningún recuro”, por tanto “no existe detrimento patrimonial”.