Por obviar Consulta Previa construcción de megacárcel en San Ángel podría paralizarse

La construcción de la megacárcel en el municipio Sabanas de San Ángel, que fue adjudicada en diciembre del 2019 con una inversión de 186 mil millones de pesos, podría paralizarse por obviar la Consulta Previa en el proceso de socialización.

Edilberto Riatiga Corredor, representante de Riatiga Consultores, manifestó que antes de comenzar a ejecutarse el proyecto el Estado debe enviar a la zona un equipo técnico de parte de la dirección de Consulta Previa, adscrita al Ministerio del Interior, para que con las coordenadas presentadas en los estudios realizados por la consultoría se determine la presencia de la comunidad Ette Ennaka Chimila en el territorio.

Riatiga destacó que la Consulta Previa se debe cumplir teniendo en cuenta que está dentro del acuerdo 169 en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ratificado en el bloque de constitucionalidad definido en la ley 21 de 1991.

Cabe recordar que el proyecto carcelario tipo Eron, financiado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec); se encuentra en el corregimiento Estación Villa, municipio de Sabanas de San Ángel, con una área de 185.70 hectáreas.

Edilberto Riatiga Corredor planteó que las autoridades deben sentarse con la población Ette Ennaka Chimila y definir las medidas de impacto, mitigación y compensación para que el proyecto pueda ejecutarse sin violar los derechos fundamentales a la Consulta Previa.

El representante de Riatiga Consultores explicó que luego de realizar el respectivo cotejo a la base de datos del proyecto encontraron que no hubo ninguna solicitud de la administración departamental pasada, ni de la Uspec y tampoco del Ministerio de Justicia para realizar la Consulta Previa.

“En los predios donde se va a realizar la megacárcel hay tres sitios sagrados, entre ellos dos estructurales que generan una afectación directa a la población Ette Ennaka Chimila en el marco de usos y costumbres definidos en la directiva presencial 10 del 2013”, afirmó Riatiga, quien agregó que es una comunidad afectada por el conflicto armado y el confinamiento.

Explicó que el 4 de agosto del 2015, Carlos Alberto Bello Avena, en calidad de Representante Legal del Consorcio Intercarcel 2015, presentó una solicitud a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio de Interior para que determinara la presencia o no de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto.

“Lo paradójico es que el día 5 de agosto, es decir, un día después de radicada dicha solicitud, se elabora un informe técnico desde el escritorio, en el que se define que no hay presencia de la comunidad étnica, expidiendo la certificación en un tiempo record 13 de agosto del mismo año”, dijo el representante de Riatiga Consultores, quien agregó que el documento estaba firmado por Álvaro Echeverry Londoño, en ese tiempo director de Consulta Previa del Ministerio del Interior.

Igualmente, consultó la violación de estos derechos fundamentales a la comunidad indígena con la exsecretaria del Interior Departamental, Norma Vera, agregando que en ese momento la exfuncionaria mostró desconocimiento en el tema.

Edilberto Riatiga Corredor planteó que las autoridades deben sentarse con la población Ette Ennaka Chimila y definir las medidas de impacto, mitigación y compensación para que el proyecto pueda ejecutarse sin violar los derechos fundamentales.