La otra ley que impera en el patio 7 de la cárcel Rodrigo de Bastidas

Los domingos, cuando termina la visita de familiares a los internos de la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta, comienza “la extorsión”: algunos reclusos del mismo centro carcelario, que se han vuelto “amo y señores” de los distintos patios, comienzan a cobrar sumas que pasan hasta por los 200 mil pesos (semanal) para mantener el orden entre esas 4 paredes.

Esta es la cruda realidad de lo que sucede en el patio 7 de la cárcel, aunque en los otros patios al parecer también funciona así, según lo denunciaron a Seguimiento.co dos familias que tienen a sus seres queridos tras las rejas y que se sienten impotentes ante la situación que se está viviendo.

“Hay unos señores que dicen ser los representantes de los patios y esas personas quieren vivir y sostener a sus familias acá afuera extorsionando a los mismos presos. Ellos les piden platas (a los otros presos) para todo siendo que el Estado suministra muchas cosas para los internos”, dicen los denunciantes.

Según relatan quienes han vivido en carne propia las presuntas injusticias que hay tras las rejas de la cárcel, allá hacen negocio prácticamente con todo: el espacio en las celdas tiene precio e, incluso, familiares de presos denuncian que hasta la carne y la pechuga de pollo que se destina para la alimentación son comercializadas; solo para el que paga hay ración.

Lo grave de esta situación es que “si ellos no cumplen lo que ellos quieren, los mandan a golpear; los tratan mal”.

“Les piden plata y si ellos no la dan, hasta ordenan que los retiren del patio a otros más peligrosos. Semanalmente alquilan las celdas. Los familiares tienen que recoger hasta 200 mil pesos semanales”, cuentan los familiares de los presos afectados.  

“Allá nadie quiere denunciar esa situación porque saben que si se dan cuenta les va peor. Allá, por ejemplo, el que da plata es el que come bien. La carne, la pechuga de las raciones las administran y la venden al que dé plata”, finalizó la fuente.

Seguimiento.co quiso ahondar en este tema hablando con la Defensora del Pueblo para el Magdalena, pero al momento de publicar este post no habían dado una respuesta.