Los estudios de la Contraloría General de la República sobre las demandas que enfrentan las entidades públicas del orden nacional muestran un panorama desolador, con unas cifras de pagos completamente alarmantes y un hecho grave: no hay recursos suficientes para cumplir con estas obligaciones, según asegura el Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte.

El pago de sentencias judiciales representa el 35 por ciento del PIB, donde a los 32 departamentos les corresponde $10,2 billones y a los 1.102 municipios $25,2 billones, indicaron los estudios realizados por la Contraloría.

Y mientras esto sucede, los intereses, exigibles a partir del décimo mes después de proferida una sentencia, siguen creciendo de manera desbordada. “Eso explica por qué, por ejemplo, de cada 100 millones de pesos que paga por condenas una institución como la Policía Nacional, 35 millones corresponden a intereses”, precisó.

Córdoba Larrarte recordó que, al comenzar el 2018, el sector Defensa, Justicia y Seguridad era el más impactado por las condenas contra la Nación y debía exactamente 5 billones 407 mil 488 millones de pesos por concepto de sentencias y conciliaciones.

El Presupuesto Nacional sólo apropió para esta vigencia $919.273 millones para todas las entidades afectadas por condenas y pretensiones, suma que solo serviría para atender el 17% de lo adeudado por el sector defensa.

 “La perspectiva es necesariamente crítica si tenemos en cuenta que el Ministerio de Defensa encabeza la lista de las diez entidades del orden Nacional con mayores pretensiones registradas contablemente a diciembre de 2017, con $1.2 billones, que corresponden al 26% del total ($4,9 billones)", finalizó el Contralor.