En Pivijay quieren reversar elección de Personero; no da garantías para ‘meter al de la rosca’

Por primera vez en la historia de Colombia, la elección del personero en los municipios del país se definirá mediante un concurso de méritos y la ESAP (Escuela Superior de Administración Pública) es la institución encargada de adelantar este proceso en un gran número de municipios, entre esos, el de Pivijay, donde al parecer algunos concejales no están de acuerdo con esta decisión. ¿La razón? Porque peligra que no sea elegido el candidato de la rosca.

En el caso de Pivijay, el concejal Virgilio Villa, del grupo político del alcalde electo del municipio, Eduardo Villa Mozo, interpuso una tutela con la intención de que se reverse el convenio que ya firmó el Concejo con la ESAP, pues este esperaba que dicho convenio para la selección del que será el próximo personero se hiciera con la CUC en Barranquilla.

Como esto no se dio, el concejal procedió entonces con la tutela que, paradójicamente, quedó en decisión del juez Juan Carlos Bonett, primo hermano de Ramiro Bonnet García, exjefe de campaña del alcalde electo y quien aspira al cargo de personero distrital. ¿Coincidencia?

Como lo denunció Seguimiento.co, mientras se desempeñaba en el cargo de jefe de campaña del entonces candidato Eduardo Villa, Ramiro Bonnet, que además fue firmante del Pacto de Chivolo, se aprovechó de un programa de la Gobernación del Magdalena para entregar máquinas de coser a nombre del candidato, pese a que los recursos provenían de la administración departamental.

En Pivijay se preguntan, después de conocer esta denuncia, cómo pretende un candidato a personero desempeñar las funciones si sus acciones van en contravía con la naturaleza del cargo que pretende desempeñar.

Otros candidatos al cargo de Personero cercanos a la administración distrital son María del Pilar Polo y Felipe Pabón, hijo del desmovilizado Jairo Pabón Ternera.

El personero municipal tiene por tarea la promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta de quienes desempeñan las funciones públicas. Anteriormente, la elección estaba a cargo del Concejo de cada municipio, quienes tomaban la decisión en los primeros diez días del mes de enero del año respectivo, para un periodo de tres años.