La historia detrás de la captura del exalcalde de Tenerife por intento de homicidio

Eran las 5:40 de la tarde del 17 de agosto de 2016, cuando, luego de visitar a un amigo, Romer Enrique Ordóñez Pérez llegó a su casa ubicada en la calle principal de Tenerife, Magdalena. Su esposa lo esperaba sentada en la puerta como ya era costumbre. Todo parecía que estaba dentro de lo normal, Romer jamás pensó que ese día iba a estar al borde de la muerte y que su vida cambiaría por completo.

Al bajar de su carro, Romer decidió quedarse en la puerta acompañando a su esposa, quien le cedió la silla. “Me siento, mi pareja va por otra silla y cuando regresa llegaron dos tipos en una moto y el parrillero desenfunda el arma, me apunta y me dispara en tres ocasiones”, recuerda Ordóñez Pérez a Seguimiento.co.

Los impactos de bala lo hirieron del cuello a la cabeza. Romer Enrique duró 43 días en los que solo se alimentó de líquidos, debido a que uno de los proyectiles destrozó su mandíbula. Además, perdió el ojo izquierdo, presenta dificultades para hablar y comer. Después de casi dos años los médicos no han podido extraer una de las balas que todavía lleva con él en su nuca, como recuerdo del día que, como él dice, volvió a nacer.

La raíz del atentado

El inició de este caso fue un año antes de que sucediera el trágico hecho. Pareciera que Ordóñez Pérez firmó su muerte el día en que decidió denunciar al exalcalde de Tenerife, Pierino Loren Moscote Hernández, por falsedad en documento privado, pues el entonces mandatario presentó un título profesional falso. Desde ese momento su vida y la de su familia se llenaría de intranquilidad y zozobra.

Luego de presentar su querella las amenazas no se hicieron esperar, llamadas intimidantes ya se convirtieron en el pan de cada día. La decisión de las autoridades fue darle casa por cárcel Moscote Hernández, pero de manera misteriosa un juez revocó la medida, quedó en libertad.

Por tales razones Romer decidió viajar a Bogotá y seguir su lucha porque se diera justicia, denunció ante la Fiscalía General y el Consejo Superior de la Judicatura las irregularidades cometidas en el caso del exalcalde.

La justicia llegó un mes y dos días antes del atentado, el 15 julio de 2016 un fallo de la Procuraduría inhabilitó por 12 años a Pierino Moscote y un juez lo condenó a 16 meses de prisión por las faltas cometidas. Según el órgano de control para tomar posesión de su cargo el 23 de junio del 2014, el funcionario presentó un diploma falsificado y más información que no correspondía a la realidad, para dar cuenta de la condición de ingeniero electrónico y de telecomunicaciones de la Universidad Autónoma del Caribe, sede Barranquilla.

"La falta disciplinaria del señor Moscote Hernández fue calificada como gravísima, a título de dolo", indicó el ente de control en un comunicado divulgado en su momento.

La justicia cojea, pero llega

La vida Romer Ordóñez cambió luego del atentado. El hombre que se dedicaba a la organización de eventos y fiestas, poco o nada puede dedicarse a eso. Su esposa vive en Santa Marta, su familia también es víctima de lo sucedido. Sin embargo, en la mañana del pasado 7 de marzo, la justicia hizo su trabajo.

En la cabecera municipal de Chibolo, Magdalena, el exalcalde de Tenerife Pierino Loren Moscote Hernández fue capturado por un grupo especial de la Dijin de Bogotá. De igual forma fue detenido el exintegrante de la Sijin José Mendoza Polo, quien prestó sus servicios en plato Magdalena, sindicados de participar el atentado del comerciante. A ambos sujetos se les imputa los cargos de homicidio en grado de tentativa y amenazas con concierto para delinquir.

La noticia fue recibida con agrado por las víctimas del hecho. “He sido un hombre que jamás ha delinquido, lo único que he hecho es defender a la comunidad y denunciar el abuso de los funcionarios públicos”, afirmó Ordóñez a Seguimiento.co.

Este comerciante sigue trabajando por ganarse la vida y conseguir los recursos para sostener a su familia, aunque ya no con la misma tranquilidad con que podía a hacerlo. Hoy cuenta con esquema de la Unidad de Protección conformado por cuatro escoltas y un carro blindado.

“Espero que se siga haciendo justicia, esto apenas es el inicio de todo, en este caso también participaron un fiscal y un juez de la república”, aseguró a este medio digital Romer, quien espera que pronto todo se aclare y que el estado le remunere por el sufrimiento que ha padecido en los último 24 meses de su vida.