Las presuntas ‘artimañas políticas’ con las que buscan destituir al Registrador de Ciénaga

Una grave denuncia realizó el registrador de Ciénaga, Eduardo Noguera Dangond, quien asegura que con ‘artimañas políticas’ pretenden retirarlo de su cargo. Afirma que fue suspendido de su puesto, vinculado a un proceso y hasta privado de la libertad.

El abogado del caso, José Noguera, dialogó con Seguimiento.co y entregó detalles de sobre lo que está sucediendo con el Registrador de Ciénaga. En sus declaraciones dio a conocer que el juez que llevaba el caso declaró en libertad al acusado por falta de pruebas.

“Esto es una persecución política desde la oficina central de la Registraduría, contra el registrador de Ciénaga, Eduardo Noguera Dangond, quien fue suspendido el 14 de diciembre del 2016, porque llegó una inspección de dos días 12 y 13 de diciembre, al día siguiente y sin analizar el acervo probatorio lo suspenden a las 8:00 de la mañana, de igual manera se solicitó el poder preferente a la Procuraduría, desde que inició el proceso sabíamos que iba a estar viciado por un sesgo político”, dijo Noguera.

Así mismo, indicó que la Procuraduría concedió el poder preferente y asumió toda la investigación, realizó una inspección en Ciénaga, que según él resultó favorable, toda vez que se encontraron los documentos de antecedentes de los Registros Civiles.

“En ese caso la Resgitraduría anuló 8 registros aduciendo que estos eran de padres venezolanos, con eso la procuraduría prorrogó nuevamente la suspensión por 3 meses más, nos solicitó las pruebas las cuales aportamos y se comprobó que uno de eso padres era colombiano, por lo tanto constitucionalmente y legalmente se tenía derecho a su registró civil”, resaltó el abogado defensor.

Otras acusaciones

Por otra parte, contra Eduardo Noguera Dangond, fue emitida una orden de captura por parte de la Fiscalía y le imputaron seis delitos, entre ellos tráfico de inmigrantes, concierto para delinquir, prevaricato por acción, cohecho impropio y falsedad en documento.

“Después la misma Fiscalía reformuló la imputación, y dijeron no, nosotros nos equivocamos no eran esos delitos, se causó primero un show mediático, y terminó imputando solo los delitos de falsedad en documento y prevaricato por acción, así mismo a las otras 6 personas también les dijeron que solo les quedaba un delito falsedad en testimonio, desde hay vemos toda la parte política que se está moviendo para simplemente apartar a alguien de su cargo”, contó José Noguera.

Ante lo sucedido y con el fin de seguir cumpliendo con su deber, el funcionario de Registarduría solicitó un permiso especial, el cual le fue concedido.

“Se elevó una petición a la Registraduría en la que se solicita el pago del salario y el reintegro a sus funciones, ellos responden mediante un acto administrativo es decir una resolución 178 del 2017, que no pueden reintegrarlo a sus funciones porque sobre él pesaba una medida de aseguramiento preventiva, una vez cese esa medida de aseguramiento ellos lo reintegrarán de manera inmediata”, explicó el abogado.

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El 28 de noviembre se revocó la medida de aseguramiento, por lo que el funcionario se dirigió hasta la Registraduría del Magdalena, en donde el Delegado le dijo que debían esperar unas directrices de Bogotá para poder realizarle el reintegro.

“Esto ratifica que hay otros interés aquí, porque ellos no necesitan órdenes de Bogotá para reintegrarlo, porque según el decreto 1010 del 2000 en su artículo 46 les establece que ellos tienen la facultad y autonomía financiera y administrativa para nombrar a la persona y además están incurriendo en desacato por una tutela que ganó el Registrador en el Tribunal del Magdalena, por una respuesta que el pidió y no se la respondieron de fondo, la mala fe de ellos de dilatar los procesos es porque ya sabemos que algo se estaba fraguando, se está haciendo otro acto administrativo de suspensión por una investigación que no la han notificado”, denunció.

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La queja

Ante la respuesta de la Registraduría en el Magdalena, el afectado se dirigió hasta la Procuraduría Regional para instaurar la queja de todo lo que venía sucediendo, argumentando que se está violando el debido proceso.

“El lunes vamos a acudir a la Defensoría del Pueblo y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar estos atropellos y violaciones de derechos, porque esto es una persecución política de la oficina central de Bogotá, porque quieren cumplir con compromisos políticos, con representantes y senadores de ciertos partidos políticos”, puntualizó el abogado.

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