Las dos caras de Caicedo: pide aumento de salario mínimo, pero niega pacto laboral a empleados de la Gobernación

Hace unos días, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, emitió opiniones de manera pública a través de sus redes sociales manifestándose en defensa de los trabajadores del país. Con unos enérgicos trinos, el gobernador pidió que las negociaciones del salario mínimo del 2021 beneficiaran a los empleados y exigió que se cubrieran sus necesidades básicas.

Pero de manera paradójica, al mismo tiempo en que Caicedo hizo estos trinos, en el interior de la Gobernación se viven momentos de tensión, justamente, porque el ente territorial está desconociendo el pacto laboral que, desde 2019, se firmó entre el sindicato de trabajadores y la Gobernación, para otorgar más de 80 beneficios a los empleados.

El pacto laboral entre entidades públicas y los trabajadores es una figura reciente, consagrada en el decreto 160 del 5 de febrero de 2014, en el que, básicamente, lo que se hace es equiparar los derechos del trabajador del sector privado al del sector público. Esto posibilitó que los sindicatos pudieran elevar pliegos de negociación que se debaten y se definen de manera bianual.

Fue así que, en 2019, la gobernadora Rosa Cotes, a través de la designación de sus representantes, discutió con los empleados más de 300 puntos en donde se planteaban necesidades de los empleados. Al final, finalmente se acordaron alrededor de 80 beneficios.

“Ese acuerdo se logró en el año 2019. Se negociaron más de 300 puntos y se aceptaron aproximadamente 80 puntos.  Los puntos aceptados se dejaron financiados. Eso empezó a operar en 2019 y, para el año 2021, antes del 29 de febrero, a los empleados les corresponde elevar una nueva solicitud. Pero ese acuerdo debe estar en firme”, dijo a Seguimiento.co una de las personas que participó en las negociaciones y que hoy no pertenece a la Gobernación.

La fuente, que participó en las negociaciones, aseguró que los puntos aprobados y que deben estar vigentes iban encaminados a “mejorar la vida del trabajador”. Había aspectos económicos, como el bono de navidad, pero también aspectos como un bono de alimentación saludable para técnicos y auxiliares, pues un estudio de prevalencia de morbilidad descubrió que teníamos muchas personas con diabetes, hipertensión y cardiacos y que, para ellos, era muy costoso mantener una dieta balanceada.

“Había muchos puntos que no tenían ni siquiera que ver con plata, como los 5 días de duelo por fallecimiento del familiar, eran también temas de permisos y de reconocimientos para la labor de los empleados para mejorar su calidad de vida”, explicó la fuente.  

La CGT pide explicaciones

Lo cierto es que el presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez Esguerra, se vio obligado a enviar un oficio a la Gobernación del Magdalena para requerirlo y preguntar por qué no se estaban cumpliendo los acuerdos estipulados con Sintragobermag.

“Nos extraña muchísimo que no se continúe reconociendo y pagando lo correspondiente a noviembre, diciembre y el quinquenio y bono navideño”, dijo la confederación del trabajo en su oficio.

“Esta carta abierta es con el ánimo de que se le dé tranquilidad a los trabajadores; hoy, más que nunca, se requiere el cumplimiento de lo pactado”, insiste la misiva.

¿Qué responde la Gobernación?

De otro lado, una fuente de la Gobernación del Magdalena le presentó a Seguimiento.co la sustentación del porqué no se estaba reconociendo el acuerdo laboral. Y es que, al parecer, el Departamento de la Función Pública respondió un oficio a la Oficina de Talento Humano de la Gobernación en el que le informa que no se pueden dar “auxilios de carácter económico para los empleados públicos mediante acuerdo colectivo, entre la entidad y la organización sindical”.

Ver documento de Función Pública en respuesta a la Gobernación

Sin embargo, en dicho documento puede verse que se desconoce el decreto presidencial 160 del 5 de febrero de 2014, mediante el cual se reglamentan los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos, el cual, ni siquiera es mencionado en la respuesta que sustenta la Gobernación para negarle los beneficios a los empleados.