Amenazan a 213 reclamantes de tierras en el Magdalena

Después de llevarse a cabo la segunda mesa de diálogo multiactor sobre riesgo y protección de comunidades reclamantes de tierras en el departamento del Magdalena, surgió la preocupación por la cantidad de casos de personas amenazadas en el ente territorial.

Según la W Radio, las entidades que convocaron esta segunda mesa, Cinep, Corporación Yira Castro, Codhes, Ccj, Consejo Noruego, Somos Defensores, entre otras; coinciden en que la política de restitución de tierras no ha llenado las expectativas generadas, puesto que ha persistido el conflicto armado y las garantías de no repetición están ausentes.

Las comunidades reclamantes y respectivo líderes atraviesan diversas y diferenciadas situaciones de riesgo, que aumentan o disminuyen según la etapa del proceso de restitución en que se encuentre cada proceso, explicó la emisora.

Federico Giraldo, investigador de tierras del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, asegura que desde la institución han identificado nuevas formas de amenaza a los reclamantes de tierras, sumadas por la superposición de grupos políticos, económicos y terratenientes. “Las estrategias judiciales en las que implican a las víctimas por delitos como falso testimonio, injuria y calumnia hacen que los procesos se demoren más. Pero también tenemos registros de que los terratenientes envenenan las aguas, cortan los árboles, cierran las vías de acceso o campañas de desprestigio como la que hizo el exprocurador Alejandro Ordóñez y José Félix Lafourie el año pasado”.

En los últimos 5 años, según cifras de la Unidad de Restitución de Tierras, 213 reclamantes de tierras han sido amenazados en el departamento del Magdalena por motivos asociados a procesos de restitución de tierras, sin que haya un capturado por la intimidación a estas personas.

Santa Marta, Pivijay, Fundación, Zona Bananera, Puebloviejo, Chibolo y Ciénaga,  son los municipios que presentan mayor cantidad de amenazas; donde la población más vulnerable son los adultos mayores y las viudas.

"El año pasado teníamos un panorama preocupante, pero un año después vemos que la situación ha empeorado. Las amenazas están acompañadas de una impunidad del 100%. La exigencia de las víctimas es que la Procuraduría inicie investigaciones disciplinarias contra los funcionarios que hicieron compromisos para la protección de las víctimas, pero  no cumplieron absolutamente nada", puntualizó Harold Vargas, de la Corporación Jurídica Yira Castro.