Se 'reactiva' tutela para que el caicedismo recupere la Essmar
El Juez Segundo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta, Santander José Ortiz Marín, resolvió la aclaración que había solicitado la Superintendencia de Servicios Públicos, mecanismo que había dejado en suspensión la decisión de que la Alcaldía de Santa Marta recuperara la operación de la Essmar, la cual se encuentra intervenida por la Superservicios desde el pasado 22 de noviembre.
En su decisión, fechada el 12 de enero, declaró como "no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa" presentada por la Superintendencia. Esto quiere decir que el juez reiteró que no había razón para declarar improcedente la tutela por el hecho de que la hubiera presentado el exalcalde Rafael Alejandro Martínez.
En su arguemntación, el juez dijo que "no puede dejarse a un lado que la acción constitucional fue coadyuvada por el Distrito de Santa Marta, quien solicitó que se accediera a las mismas pretensiones de la tutela".
Tras esta aclaración -y una vez sea notificada la agente interventora que gerencia la Essmar- se reactivan las 48 horas de plazo que tiene la Superintendencia de Servicios Públicos para devolver el manejo de la empresa a la Alcaldía de Santa Marta.
La toma de la Essmar por parte de la Superintendencia ha suscitado polémica nacional, pues esta entidad se ha convertido en una joya de la corona política, teniendo en cuenta la gran cantidad de negocios que opera: acueducto, alcantarillado, alumbrado público, supervición de aseo y servicios complementarios.
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Este 'apetito político' quedó evidenciado cuando se produjo el fallo de primera instancia, el cual, más se demoró el juez en firmar, que Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena y quién no tiene jurisdicción sobre la Essmar, en presentarse en las puertas de la entidad para recuperar el manejo político de la entidad, como quedó evidenciado en videos.
A raíz de esta polémica decisión del juez, la Superintendencia de Servicios Públicos elevó una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura para investigar las posibles irregularidades cometidas por el togado, para beneficiar políticamente a los políticos que mostraron su desespero burocrático ante la intervención de la Essmar.
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