Proponen realizar consulta en Taganga por construcción de muelle multipropósito

La construcción de un muelle multipropósito en el corregimiento de Taganga, conocido sitio turístico de Santa Marta, desató una polémica en el recinto de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República, entre ambientalistas, indígenas, pescadores artesanales, líderes cívicos y empresarios ejecutores del proyecto.

El senador citante y presidente de la comisión de ordenamiento territorial Jorge Eliécer Prieto Riveros, del Partido Verde, manifestó su molestia por la ausencia del Ministro del Medio Ambiente y dio a conocer ante la audiencia los graves problemas ambientales, sociales y económicos que sufriría Taganga cuando se construya el Muelle Multipropósito de las Américas, por parte de la Sociedad Terminal de Gráneles Líquidos del Caribe TERLICA S.A.S y la Sociedad Portuaria de las Américas S.A.S.

Conclusiones del Senador @Jorge_PrietoR sobre Debate de Control Político a Problemática del Medio Ambiente en Taganga. #COTSenado pic.twitter.com/q4IgH6dpGX

— Senado Colombia (@SenadoGovCo) 16 de mayo de 2018

“Están en riesgo la situación de más de 1.200 empleos directos que genera el turismo de la ciudad”, denuncio el congresista Casanareño.

La directora de la ANLA (Agencia Nacional de Licencias Ambientales) Claudia Victoria González Hernández, manifestó que para certificar algún trámite de impacto ambiental se debe saber si afecta la población que este radicada en la zona, según el Ministerio del Interior allí no existe asentamiento humano, por lo tanto, se expide la licencia y se tiene en cuenta las medidas específicas ambientales la agencia ejerce el control correspondiente.

Jorge Cantillo, representante de la comunidad de Taganga, dijo "que, esta tierra está en proceso de destrucción y los habitantes estamos considerados como extraños en nuestra propia tierra, en el 2008 la empresa derramó más de 80 toneladas de aceite al mar, ha causado graves daños aún sin solución y la ANLA los premia otorgándoles nuevas licencias”.

Para Carlos Francisco Diazgranados. director de Corpamag,  la ANLA cumplió con todos los protocolos para expedir la licencia, pero con la obligación permanente de proteger el medio ambiente, así como puede de manera unilateral modificar la licencia y en caso extremo revocarla.

Adriana Cadena, representante de la Confederación de Pesca Artesanal, denunció que los pescadores son perseguidos y desplazados por el gobierno. En el mismo sentido Alcides Bolaño Pérez de la asociación de pescadores artesanales de Santa Marta dijo que cuando se otorgan licencias sin tener en cuenta a la comunidad a largo plazo, siempre las poblaciones serán las victimas por el incumplimiento de los protocolos.

Luntana Dingula, hermano mayor de los Wiwas,( Sierra Nevada), manifestó: "Estamos viviendo como parásitos, como gusanos. Al desconocer el derecho de pueblos ancestrales, desconocen a Colombia. Lugares sagrados se respetan, por eso allá no viven, allá para nosotros habitan los espíritus de la naturaleza".

Nicolás Umaña, de la Sociedad Portuaria de las Américas, inició su intervención y argumentó, “este debate está lleno de falsedades e imprecisiones que no corresponden a la realidad y la prueba está en que otorgaron la licencia al cumplir con los protocolos correspondientes, el proyecto no es para exportación de carbón, no es cierto, no se moverá ni un solo gramo de carbón por el muelle, reconozco que en el pasado se produjo un derrame de aceite, pero que las personas afectadas fueron debidamente indemnizadas y recompensadas”.

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Ante esta afirmación el Senador Jorge Robledo (Polo Democrático) asistente en el debate preguntó ¿por este muelle se podrá exportar petróleo? Y el empresario Umaña, respondió: "sí", pero su intención es solo exportar aceite de palma.

Para Robledo, se corre el riesgo que ese muelle llegue a exportar cualquier cosa porque la licencia lo permite y puntualizó la necesidad de analizar los riesgos tolerables y los no tolerables.

Para finalizar el Senador Jorge Prieto dijo que las comunidades no sienten un beneficio, un progreso y que las empresas no asumen responsabilidad social con ellos ni con el medio ambiente y que los congresistas están en la obligación de defender los intereses de la comunidad.