Los $85 millones que tienen dividida a la Mesa Distrital de Víctimas de Santa Marta

La Mesa Distrital de Víctimas, que es coordinada por la Alta Consejería para la Paz y el Posconflicto, es un grupo con representación de distintos grupos poblacionales. En total son 22 personas quienes conforman la Mesa, y entre ellas hay víctimas de desplazamiento, violencia sexual, minas antipersonas, desaparición forzada, y enfoques como: adulto mayor, Lgbti, género, afro y étnico.

Para esa organización, en el caso de Santa Marta, el Estado destina un monto de 85 millones de pesos que deben ser ejecutados en las actividades que se realicen a lo largo de una vigencia anual. El manejo del dinero está a cargo de un operador, el cual es contratado por la administración local.

Precisamente, el manejo de los $85 millones ha generado cierta inconformidad en la Mesa, dado que algunos representantes aseguran que los recursos no se están invirtiendo de manera correcta.

Por lo anterior, cuatro integrantes del colectivo solicitaron para el pasado 23 de abril una rendición de cuentas. La misma, según la apreciación de cada uno de los que la exigieron, nunca se dio.

“A nosotros nos toca decir la verdad, ¡no hubo ninguna rendición de cuentas porque no la hubo! Estamos diciendo que nos den las planillas, las facturas, todo; ¡y nada! Ese es el pecado de nosotros”, dijo a Seguimiento.co la lideresa Yomaira Maldonado.

La mujer agregó que “que nos digan: esto se gastó en esto y ya quedamos tranquilos; pero como le decía a la delegada de la Personería: ‘la pelea no es con las entidades sino con el operador’, ¿cómo es que no van a dar un juguito y un sándwich y van a cobrar 11.500 pesos por cada uno?, ¿eso se justifica? Estamos peleando nuestros derechos. Nosotros no decimos que el Operador no gane, pero eso no se puede. Ya no nos están dando ni almuerzo, porque los plenarios son todo un día, incluyendo almuerzo”.

Nos deben la dotación: gorras, morrales, camisetas de identificación, entre otras cosas

Por su parte, el líder Juan De la Hoz explicó a este medio digital que solicitaron la rendición de cuentas porque consideran que el operador ha dado un mal manejo al monto asignado para la Mesa.

“Nosotros tenemos asignado un presupuesto de 85 millones de pesos del Gobierno Nacional, nosotros hacemos un plan de trabajo y los 85 millones los distribuimos en las actividades que hacemos, pero como a ellos (el Distrito) se les ha metido el tema que la Mesa no puede manejar recursos, buscan un operador para manejar los recursos de la Mesa, ellos les han dado manejo a esos recursos, pero le han dado un mal manejo”, indicó.

Seguimiento.co también consultó al líder Wilman de Jesús Collantes, quien enfatizó que “la (rendición) del 23 no se dio, porque el enlace (la Alta Consejera para la Paz y el Posconflicto) dijo que haría un informe al Procurador y pasaría un informe a la Secretaría Técnica de la Mesa para que revisáramos el informe que ellos le iban a rendir al ente de control y miráramos que estaba establecido el gasto. Para nosotros eso no es un informe, nosotros pedimos un informe detallado con soportes, porque tenemos derecho”.

“Si el operador está fallando, el enlace debería apersonarse, así que ambos son responsables de las falencias que hay”, recalcó.

Presencia de una integrante de la Mesa en el operador​

De acuerdo con lo expresado por Yomaira Maldonado, algo que tampoco comparten es que haya presencia de una miembro de la Mesa Distrital de Víctimas en el operador de los recursos.

“Tenemos una compañera que hace parte de la Mesa y del Operador y eso no debe ser”, sostuvo.

Respecto al tema, el Wilman Collantes manifestó que la líder María Choles es la miembro de la Mesa que también ocupa un lugar en el operador.

Según Collantes, su compañera Choles “tiene padrinazgo político, nosotros los líderes debemos ser imparciales y tratar de mirar objetivamente a las administraciones públicas”.

Relación entre la rendición de cuentas y posteriores amenazas

El 28 de abril, cinco días después que se dio la reunión entre la Mesa Distrital de Víctimas y la Alta Consejería para la Paz y el Posconflicto, los cuatro solicitantes de la rendición de cuentas: Maldonado, De la Hoz, Collantes y Osman Rico, fueron amenazados vía mensaje de texto.

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A raíz de esa situación, los líderes de víctimas aseguran estar confundidos, puesto que manifiesta que las intimidaciones podrían estar ligadas a la solicitud de la rendición.

“¿A qué atribuimos tal amenaza donde nos dicen ‘los sapos de la mesa’? A que los cuatro somos los que estamos reclamando. Esa es la molestia. ¿Es malo o es un pecado reclamar? Estamos reclamando nuestros derechos. Eso sí, no estamos acusando absolutamente a nadie”, expresó Maldonado.

Por su parte, Juan De la Hoz aseveró que “hicimos un plenario el 23 de abril donde se le estaba pidiendo rendición de cuentas a un operador que maneja los recursos de la mesa de víctimas y cinco días después, a los mismos cuatro que hacemos los reclamos, que estamos pidiendo la rendición de cuentas, aparecemos amenazados, entonces es una cosa preocupante las amenazas que se vienen dando porque no pasa nada”

¡Qué casualidad que nos amenazan a los mismos que reclamamos! A la misma hora y por mensajes de textos.

Wilman Collantes fue más allá e indicó que para la institucionalidad, son autoamenazas.

“Supuestamente son autoamenzas, considera la institución pública de investigación que son autoamenazas, pero por ejemplo esta amenaza, venimos de un plenario donde estamos pidiendo una rendición de cuentas, estamos confundidos porque no sabemos si es que las amenazas tienen que ver con el no acuerdo de nosotros por la no entrega de unos elementos que se están facturando, faltan elementos por entregar de ese gasto, ¿dónde están?”, comentó.

Nos quieren amedrantar para que nosotros nos quedemos callados y quede eso así, pero vamos a seguir.

La respuesta de la Alta Consejería para la Paz y el Posconflicto

Frente a la polémica por el manejo del dinero de la Mesa Distrital de Víctimas, este medio digital dialogó con Anabel Zúñiga, quien desde hace tres años es alta Consejera para la Paz y el Posconflicto.

Zúñiga, quien ha trabajado con víctimas del conflicto y que también estuvo amenazada (e incluso tuvo que abandonar el país), manifestó que “las Mesas tienen uno de los presupuestos más altos del país, la Mesa del Distrito, en proporción a la ciudad con sus habitantes, tiene un presupuesto de 85 millones para ejecutar su plan de trabajo”.

“Hemos percibido situaciones complejas en cuanto al manejo de los recursos, por ejemplo, el Distrito ha hecho inversiones en equipos técnicos que se han desaparecido, entonces eso ha implicado que se hayan tomado unas medidas, por ejemplo: no entregamos los recursos directamente a la Mesa sino que existe un operador que a través de un proceso contractual pueda ejecutar esos recursos de manera que haya supervisión de quien vigile la cartera, en este caso yo actúo como supervisora de ese operador”, dijo la Alta Consejera, quien añadió que el operador entra a actuar luego de ganar un proceso competitivo. Actualmente, el operador es Ipsi.

Zúñiga señaló también que “algunos integrantes habían pedido un espacio de una rendición de cuentas al operador. Nosotros hicimos la pedagogía y dijimos que el operador no tendría por qué rendir cuentas porque es un tercero, realmente la Alta Consejería sería quienes podría darles a ellos una mirada, pero eso es algo que entra en doble vía: tanto como nosotros debemos rendirles cuentas a ellos, ellos como Mesa tienen que rendirnos cuenta sobre qué acciones tienen frente al tema”.

“Nos habían solicitado un plenario adicional a su plan de trabajo, les cumplimos con eso. Fue un espacio donde estuvo la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría y una precisión que hay que hacer es que sí se hizo la rendición de cuentas, de hecho, se entregó un documento, conversamos sobre algunas situaciones donde hay críticas al operador, hay observaciones válidas”, argumentó la funcionaria.

Sobre la inconformidad de los cuatro líderes por la rendición de cuentas, la Alta Consejera sostuvo que “(ellos) pretendían que en ese espacio yo les entregara copia con facturas, con todo el informe ejecutivo, pero no son competentes para que yo tenga que hacer eso, por eso mi medida y fue la que quedó acogida como compromiso es pasar la copia del informe ejecutivo que entrega el operador a la Procuraduría y a la Contraloría distrital, como un acto voluntario de esta dependencia diciéndole a los líderes: ‘mira, eso que nos soportó el proyecto de ejecución 2018 por parte de Ipsi se los dejamos a su servicio para su revisión’”.

“Son documentos que no pueden estar andando así, que no puedo entregar de la nada, que si existe una copia ante esas entidades ya ellos pueden requerirla. Quien tiene que hacerle un seguimiento a eso son los entes competentes. Para garantizar el ejercicio de transparencia la envío a instituciones que supervisan mi labor”, enfatizó.

Entre tanto, sobre las dotaciones que reclaman los integrantes de la Mesa, la Alta Consejera explicó que “hay dotaciones pendientes que están en confección, que se van a entregar y han tenido una demora porque son muchas”.

En respuesta a la presencia de la miembro de la Mesa que también está en el operador, Zúñiga aclaró que “María Choles está en un receso que pidió a la Personería para cesar sus espacios dentro de la Mesa Distrital y ella fue contratada por el operador, que vio en ella una oportunidad para tener un conocimiento más claro de la dinámica de la Mesa de participación.

“(María) Pidió un permiso laboral a la Personería que hace la asistencia técnica a la Mesa de participación, así que eso no puede generar suspicacias, es una situación clara que conoce la Personería, que la conoce la Defensoría y que ella ha actuado con este tercero los recursos, pero ha pedido un receso y es más bien un puente. Es muy triste que entre las víctimas en vez de sentirnos contentos de que otras avancen y de que haya alguien de confianza ahí, se generan más bien prevenciones”, resaltó.

Finalmente, sobre la situación de amenazas, Anabel Zúñiga indicó que los líderes “pueden creer o inferir que se deriva de una situación concreta”.

“Es delicado y de atención, pero no queremos que esto sea instrumentalizado para hablar de otros temas y opacar el trabajo de otros, ni para parcializar y dividir. Entonces debe llevar a construir acciones conjuntas que garanticen la vida y los derechos de las víctimas”, dijo.

Así mismo, la Alta Consejera reveló que desde su dependencia “no somos los encargados de hacer la evaluación del riesgo”, pero que una vez conocidas las intimidaciones “hacemos una alarma del caso ante la Unidad Nacional de Protección, cuya oficina regional está en Barranquilla”.

“Cada situación de amenaza que tenga un líder se tiene que llevar ante la Policía, la Fiscalía y activar una ruta de Derechos Humanos de competencia de otras instituciones como la Defensoría, la Procuraduría o la Contraloría. Cada vida nos importa”, puntualizó Zúñiga.