La reacción de Camacol Magdalena por fallo que suspende licencias de construcción en Salguero

El pasado 13 de marzo un fallo del Tribunal Superior del Magdalena ordenó a las curadurías de Santa Marta abstenerse de emitir nuevas licencias de construcción en el sector de Salguero, hasta tanto no se logre la estabilidad de la playa, buscando contrarrestar la erosión costera de la zona.

De acuerdo con la Cámara Regional de la Construcción del Magdalena, el fallo del Tribunal se dio “sin que para ello hubiere presentado estudios geológicos, oceanográficos u otros relacionados que permitieran determinar las causas reales de este fenómeno”.

Camacol subrayó que la decisión pone en riesgo el 30% de la actividad edificadora anual de Santa Marta, así como “el sueño de 1.600 familias de tener vivienda y más de 7.000 nuevos empleos en el corto plazo”, aseguró Javier Quintero, gerente de la entidad.  

De acuerdo con la organización, en los estudios aportados en esta acción popular no existe uno que determine que la causa que originó el efecto erosión costera haya sido el desarrollo urbano del sector o la ejecución de proyectos inmobiliarios, y las diferentes entidades competentes e incidentes de la región explicaron a las autoridades que la causa de dicha erosión está derivada a fenómenos ambientales como el cambio climático, la sequía de los ríos por falta de lluvias que afecta el aporte de arena al mar, y la dinámica marino-costera, por lo tanto, según Quintero, sorprende el fallo alrededor de la suspensión de las licencias de construcción sin estos elementos probatorios.

En riesgo el 30% de la actividad edificadora anual de la ciudad de Santa Marta, según Camacol

En un comunicado, Camacol indicó que las implicaciones de este fallo “son funestas no solo para el sector constructor, sino también para el empleo y desarrollo de la región”.

Camacol Magdalena estima que la actividad edificadora en el sector Salguero representa el 30% de la inversión inmobiliaria anual de la ciudad de Santa Marta, por lo que la afectación sería importante. Además, se pone en riesgo el acceso a vivienda de 1.600 familias en el corto plazo, así como las inversiones por el orden de $700 mil millones de pesos, lo que representa en el corto plazo 7.000 nuevos empleos y el recaudo fiscal que permite las inversiones desde el sector público.

“Desde Camacol siempre hemos sido abanderados en el país de la construcción sostenible y el cuidado respetuoso de los hábitats y estructuras ecológicas. Por eso hacemos un llamado a la administración para acelerar las inversiones anunciadas y que cuentan con aval por parte del concejo distrital enfocadas en la recuperación de la playa del sector Salguero, con el fin de mitigar las afectaciones a los habitantes del sector”, dijo el gerente Quintero.

Inseguridad jurídica y POT

El clima de inversión sectorial, la promoción de proyectos y la oferta de vivienda formal dependen prioritariamente de la seguridad jurídica en torno al sector. Al respecto, en el año 2000 fue expedido el primer Plan de Ordenamiento Territorial para el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, el cual fue reglamentado por la Resolución 131 de 2009.

Mediante estos instrumentos de planificación, se habilitó el suelo para incentivar el desarrollo urbano, legal y planificado de este importante sector de la ciudad.

Es por esto, que actualmente el POT es la hoja de ruta que siguen los Curadores Urbanos como particulares que cumplen una función pública, al momento de estudiar, tramitar y expedir las respectivas licencias urbanísticas del sector Salguero, los cuales son instrumentos de planificación que habilitan el desarrollo de este suelo.

Así mismo, mediante acuerdo 011 del 16 de octubre de 2020 se revisó, modificó y expidió el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial para la ciudad de Santa Marta, denominado ‘POT 500 AÑOS’ 2020-2032, el cual contó con previa concertación ambiental suscrita con el DADSA mediante acta 003 del 25 de abril, e  igualmente concertada con la Corporación Autónoma Regional del Magdalena aprobada mediante Resolución Número 4747 del 25 de octubre de 2019 y en el cual se encuentran identificadas las áreas en condición de riesgo y las áreas en condición de amenaza del Distrito de Santa Marta, afectación que tiene su sustento en los Documentos Técnicos Soportes (DTS) del referido POT, este plan inició su revisión en el año 2012.

Es decir, la ciudad contó con ocho años de análisis de documentos, elaboración de estudios, mesas de participación ciudadana, recursos públicos invertidos y el resultado: la zona de Salguero quedó habilitada para el desarrollo inmobiliario, por lo tanto, estas no son decisiones improvisadas, por el contrario, implicaron un alto costo económico para la ciudad, tiempo y estudios para garantizar la calidad de vida de los habitantes del territorio, la inversión de empresas constructoras y de las familias que invierten en el sueño de tener vivienda propia y para garantizar la seguridad jurídica, propia de los Estados Sociales de Derecho, elementos que, según Camacol, fueron desconocidos por el fallo proferido.

“Desde la Cámara Regional de la Construcción del Magdalena avanzaremos en la gestión gremial para generar acciones jurídicas y legales que permitan fomentar el desarrollo urbano responsable y sostenible en la ciudad de Santa Marta y el departamento del Magdalena, aportar a la disminución del déficit de vivienda y fomentar el empleo para los samarios”, concluyó Javier Quintero.