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Sábado 31 de Octubre de 2020 - 9:10am

El drama de un pescador taganguero: ocupa una playa hace años y le dieron 24 horas para irse

El hombre entró en un cuadro depresivo y está en grave estado de salud.
Álvaro Peña Cantillo, un anciano de 73 años, nativo del corregimiento de Taganga.
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¿Cómo se sentiría usted si llegaran al rancho donde ha vivido por más de 50 años y le dijeran que tiene 24 horas para desalojarlo? Seguramente, le daría angustia, rabia, desesperación, sosiego y descontento al desconocer qué está pasando.

Esto fue precisamente lo que le pasó a Álvaro Peña Cantillo, un anciano de 73 años, nativo del corregimiento de Taganga y quien desde hace exactamente 54 años se dedica a las labores de pesca en San Antonio de Bonito Gordo, una playa ubicada en el sector de Taganga. Allí, en ese lugar, don Peña creo su rancho, él con sus propias manos construyó la edificación donde se ha resguardado durante muchísimos años, sin ningún inconveniente con las autoridades, de hecho, tiene las escrituras que le dan la propiedad del predio del cual pretendía ser desalojado.

No obstante, el sábado 24 de octubre encontró en su vivienda una orden de inspección ocular membretada por la Secretaría de Gobierno, donde se hacía mención de la presunta construcción sobre predios ilegales en territorios del Parque Nacional Natural Tayrona.

Peña no le dio mucha importancia; pero, pasado unos minutos, se vio llegar a un extenso grupo de funcionarios de la Alcaldía de Santa Marta, Personería Distrital, Policía y miembros de Parques Nacionales quienes le manifestaron que tenían 24 horas para abandonar el lugar, ya que este iba a ser demolido porque había sido construido en predios de la Nación.

“Mi abuelo obviamente no entendía que estaba pasando, porque él lleva 54 años ahí. Entonces, les dice ¿Cómo así? Yo tengo los papeles que muestran la propiedad sobre este rancho”, expresó su nieta, Vanessa Redondo mientras contaba la historia.

Hasta ese momento, al anciano no le habían hecho ninguna notificación de desalojo, pues según lo que le habían puesto en su predio era una inspección ocular.

“Empiezan a surgir una serie de hostigamientos, le dicen que desaloje, que debe irse. Ante eso, mi abuelo pide que le permitan traer un abogado para que le explique lo qué está sucediendo y le manifestaron que no, que no era necesario y empezaron a leerle unos documentos”, relató Daniela.

 “Le dicen que tiene que entregar las cosas, porque se le van a llevar el ganado, que es un infractor, que le van a poner una multa y que incluso puede ir a preso, lo empiezan a presionar de todas las formas posible, que él entró en un estado de shock, ya que el mismo Personero le mostraba como las personas tenían las herramientas para demoler el sitio. Obviamente es un hombre mayor de edad y se puso muy mal”.

Al ver la situación, el abogado del Cabildo Indígena que está radicado en la zona, logró entrar al domicilio y les manifestó que si bien es cierto no era el abogado del anciano, por principio de solidaridad y porque lo conocía de Taganga estaba en su deber defender los derechos de los nativos. En ese momento se logró calmar la presión sobre don Álvaro a quien tuvieron desde las 8:00 am hasta las 3:00 de la tarde en esa penosa situación.

“A Mi abuelo lo tuvieron que traer en una lancha a la casa porque emocionalmente y de salud estaba muy afectado. Él llegó a la casa hipotenso, con la presión súper bajita, con unos dolores en el pecho, gracias a Dios con la ayuda de profesionales de la salud logramos estabilizarlo en la casa y el empezó a contarnos lo que había pasado”, contó su nieta.

Al día siguiente su familia se fue hasta el lugar para ver que pasaría. Tal y como se esperaba, llegaron los funcionarios de Parques y la Alcaldía, esta vez menos; Y con la particularidad de que se dirigieron a otro predio, el de Camilo Noguera, por lo que los habitantes del Cabildo y la familia de don Álvaro se acercaron.  En ese momento ‘muy folclóricamente’ uno de los funcionarios les dijo: “como sabemos que esta propiedad es de un nativo indígena, nosotros no la vamos a tocar, ni esta, ni la otra propiedad, donde están las vacas”, les dijo el funcionario.

Entonces esto lleva a la familia a pensar: ¿Realmente había orden de demolición como le hicieron creer a don Álvaro? ¿Si la tenían por qué no la mostraron?.

“No entendemos tampoco el hostigamiento con mi abuelo, por qué en tenerlo desde las 8:00 am a 3:00 pm, si ellos sabían que él era un nativo indígena porque un día no lo respetan y al otro día si”.

Es precisamente por eso, que la familia interpuso una tutela para evitar que su pariente sea sometido nuevamente a una situación como esas. No obstante, el procedimiento legal es lo que menos les preocupa, pues ellos tienen sus papeles en reglas.  Lo que si los tiene indignados es que a raíz de esta situación don Álvaro está sumergido en cuadro de depresión. Dictamen que fue entregado por un médico y un psicólogo que en su valoración manifiestan que debido a la situación a la que fue expuesta, el hombre quedó con un trauma psicológico, al imaginar que perdería el lugar que ha construido con esfuerzo en más de 50 años.

Desde ese día, no ha vuelto a su rancho, lugar donde dormía y vivía completamente, pues a Taganga solo venía por sus víveres y se regresaba a su ranchito.

¿Qué respuesta le tienen las autoridades a esta familia que hoy vive las secuelas de un procedimiento irregular? ¿Dónde está el trabajo del Personero, quién en ese momento debió velar por el derecho del anciano? ¿Quién responde por el daño psicológico que le ocasionaron?.

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