Denuncian a la gerente del Hospital Julio Méndez por usurpación de funciones

El nombramiento de Nora Elvira Anillo Romero como gerente del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche se encuentra en el centro de una denuncia que señala posibles irregularidades legales.

De acuerdo con la denuncia, a través de la resolución 234 del 1 de abril de 2024, Anillo fue designada como gerente encargada del Hospital, por parte del gobernador Rafael Alejandro Martínez.

Sin embargo, el marco normativo indica que el encargo no puede exceder los seis meses, un plazo que habría vencido en octubre de 2024. 

“El nombramiento temporal de Anillo Romero se realizó bajo la figura de encargo, conforme a lo dispuesto en la Ley 909 de 2004, que regula la provisión de empleos públicos. Según esta norma, los encargos en cargos de libre nombramiento y remoción no pueden exceder un plazo inicial de tres meses, prorrogable por otros tres. Una vez vencido este período, el cargo debe ser provisto de manera definitiva” indica la denuncia.

Adicionalmente, explican que según el concepto 074481 de 2023, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, enfatiza que el encargo debe recaer en un empleado que cumpla los requisitos legales y administrativos, garantizando un proceso transparente y ajustado a la ley. 

En ese orden de ideas, la presunta continuidad de Anillo Romero como gerente del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche después del vencimiento del plazo de encargo configura un posible caso de usurpación de funciones públicas, un delito tipificado en el artículo 425 del Código Penal colombiano.

De confirmarse estas irregularidades, tanto Anillo Romero como el gobernador Rafael Martínez enfrentarían investigaciones disciplinarias y penales por vulnerar normas administrativas. Según la Ley 909, al no cumplir los términos establecidos, el nombramiento habría perdido validez, dejando a la funcionaria en un ejercicio ilegal de funciones públicas. 

“La denuncia en contra de Nora Elvira Anillo Romero pone de manifiesto posibles irregularidades que comprometen no solo el ejercicio de las funciones públicas, sino también la confianza en la gestión pública. Las autoridades competentes están llamadas a investigar los hechos y, de ser necesario, aplicar las sanciones correspondientes” puntualizan en la queja.