Generadoras de energía rechazan propuesta de pago de Air-e y piden solución estructural

La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) expresó su inconformidad frente a la propuesta presentada por la empresa Air-e, actualmente intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, para saldar la deuda de 1,5 billones de pesos que mantiene con el sistema eléctrico nacional.

Según Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de Andeg, la oferta consiste en pagar de manera inmediata apenas el 12,5 % del capital adeudado, y diferir el saldo restante a un plazo de hasta 10 años, con un año de gracia. Esta alternativa fue calificada como inviable, dado que las generadoras enfrentan serias dificultades de liquidez ante la falta de pago por la energía suministrada.

“La propuesta no responde a la urgencia del problema. Las empresas necesitan recuperar los recursos invertidos en la generación de energía, y no están recibiendo pagos suficientes ni por parte de Air-e ni del Gobierno Nacional”, afirmó Castañeda.

Como respuesta, las generadoras plantearon una contrapropuesta: aceptar el desembolso del 12,5 % —que corresponde a recursos disponibles en caja— y, en el corto plazo, establecer una mesa de trabajo para definir un acuerdo de pago más sostenible para ambas partes.

Castañeda también cuestionó la falta de acciones concretas por parte del Gobierno Nacional y la Superintendencia de Servicios Públicos. Indicó que, a pesar de que Air-e ha recibido recursos provenientes de subsidios, no se ha evidenciado un respaldo financiero estructural que permita estabilizar a la empresa. A su juicio, es necesario que los ministerios de Hacienda y Minas articulen esfuerzos para que el Fondo Empresarial disponga de los recursos necesarios.

“Si se interviene una empresa es para resolver sus problemas financieros. Ocho meses después de la intervención, la deuda no solo no se ha reducido, sino que se ha triplicado. La falta de claridad y liderazgo por parte de la Superintendencia agrava la situación”, advirtió.

Andeg reiteró que, sin una respuesta institucional clara, el pasivo seguirá creciendo, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema energético en el Caribe colombiano.