Conflicto entre Interaseo y Air-e pone en riesgo servicios públicos en la región Caribe

Caracol Radio hizo pública una grave disputa entre dos importantes empresas de servicios públicos, que afecta directamente a los residentes de la región Caribe. La controversia incluye denuncias civiles, demandas penales, quejas ante la Superintendencia, y acusaciones de fraude y robo, con reclamaciones económicas que oscilan entre los $50 mil y los $150 mil millones.

El conflicto involucra a Alberto Ríos de Air-e y William Vélez de Interaseo. El problema se centra en la falta de claridad en el cobro de los servicios de aseo y recolección, que se facturan a través del operador de energía bajo un convenio aprobado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Superintendencia de Servicios Públicos.

Mientras tanto, los ciudadanos y los recicladores se encuentran en una situación de incertidumbre. La falta de pagos y la interrupción del servicio de aseo son algunas de las preocupaciones más críticas.

Interaseo ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por abuso de confianza contra la junta directiva de Air-e, liderada por su representante legal, Santiago Posso. En la acción judicial se alega que la empresa de energía está afectando el patrimonio de Interaseo y no está transfiriendo los recursos correspondientes a las alcaldías y a los recicladores.

"Hemos radicado una denuncia ante la Superintendencia, solicitando que intervenga frente a este problema con Air-e, que no ha transferido el recaudo por el servicio de aseo en las ciudades correspondientes", declaró Jorge Muriel, director jurídico de Interaseo a Caracol Radio.

Por su parte, Tatiana Calderón, asesora jurídica de Air-e, aseguró que en 2023 identificaron una anomalía: el porcentaje de recaudo del servicio de aseo superaba el porcentaje de recaudo de energía, lo que resultaba en mayores costos para los ciudadanos. Como consecuencia, presentaron una denuncia penal por acceso abusivo a sistema informático, enriquecimiento ilícito y daño informático, entre otros delitos. La investigación está en etapa de indagación, pero ya ha revelado nuevos datos.

El convenio de facturación en disputa abarca los departamentos de Magdalena, La Guajira y Atlántico, incluyendo los municipios de Santa Marta, Riohacha, Soledad, Fundación, Maicao, Aracataca, Baranoa, Campo De La Cruz, Candelaria, Ciénaga, Distracción, El Retén, Fonseca, Juan de Acosta, Malambo, Manatí, Palma de Varela, Piojó, Polonuevo, Ponedera, Repelón, Sabanagrande, San Juan Del Cesar, Santa Lucía, Santo Tomás, Suan, Tubará, Usiacurí, Villanueva y Zona Bananera.