Condenan a más de 9 y 7 años de prisión a dos exfiscales de Aguachica por corrupción

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que el Tribunal Superior de Valledupar condenara a los exfiscales seccionales Eduardo José Cabello Baquero y Luis Fernando Herrera Carrascal, quienes aprovecharon sus cargos en la Dirección Seccional Magdalena Medio para manipular procesos penales a su cargo, a cambio de beneficios personales.

Cabello Baquero, quien para el 2017 se desempeñaba como fiscal seccional y coordinador de la unidad de fiscalías, archivó dos investigaciones sin sustento legal que respaldara tal determinación. En el primer caso, favoreció a varias personas que debían responder por el delito de incendio y daño en bien ajeno; en el segundo, hizo lo propio en el marco de una investigación por desplazamiento forzado dejando a las víctimas desprotegidas.

En un tercer hecho, exigió el pago de 3 millones de pesos para garantizar la devolución de un vehículo que había sido incautado. Este caso fue denunciado por el afectado. Por esto, el exfiscal fue condenado a 9 años y 6 meses de prisión como responsable en los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por acción simple y concusión. Además, deberá pagar de 199 salarios mínimos y no podrá desempeñar derechos y funciones públicas por 98 meses.

En el caso de Herrera Carrascal, fiscal seccional de Aguachica, el ente acusador demostró que en 2017 recibió dinero por parte de integrantes de una organización delincuencial, responsables del apoderamiento de hidrocarburos.

La Fiscalía demostró que la coima buscaba que el funcionario judicial se abstuviera de solicitar la imposición de medida de aseguramiento en contra de varios de sus integrantes, quienes afrontaban un proceso penal. El exfiscal  Herrera Carrascal debía manifestar en la audiencia pública que los procesados no representaban peligro para la comunidad, además, de devolver un automotor incautado.

El exfuncionario fue condenado a 7 años y 3 meses de prisión y al pago de 70 salarios mínimos, y durante 88 meses no podrá desempeñar funciones públicas.