Petro gana en la Corte: su campaña ya no será investigada por el CNE

Con una ajustada votación de 5 a 4, la Corte Constitucional falló a favor del presidente Gustavo Petro y determinó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tiene competencia para investigarlo por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial en 2022.

La decisión se dio tras una acción de tutela interpuesta por el propio jefe de Estado, quien alegó vulneración a su derecho al debido proceso y a su fuero presidencial. El alto tribunal le dio la razón y ordenó al CNE trasladar el expediente completo a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, órgano que, según la Corte, es el único competente para asumir el caso.

“La Cámara de Representantes es la autoridad competente para asumir la investigación respecto del ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego, en su calidad de Presidente de la República”, se lee en el fallo de la Sala Plena.

El tribunal también dejó sin efectos una sentencia del Consejo de Estado que había permitido al CNE avanzar en la formulación de cargos contra Petro y parte de su equipo de campaña, por una supuesta violación de topes de financiación que superaría los 5.000 millones de pesos.

La ponencia fue presentada por el magistrado Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de la Presidencia, y fue respaldada por los magistrados Juan Carlos González, Natalia Ángel, Miguel Polo y la magistrada auxiliar Carolina Ramírez. En contra votaron Jorge Enrique Ibáñez, José Fernando Reyes, Paola Meneses y Lina Escobar.

Aunque el proceso contra el mandatario será asumido por la Cámara, la Corte aclaró que el CNE sí podrá continuar con las investigaciones contra otros actores de la campaña "Petro Presidente". Esto incluye al exgerente Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol; la tesorera Lucy Mogollón; y los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus.

El CNE tiene un plazo de cinco días hábiles, contados desde la notificación de la sentencia, para remitir toda la documentación del proceso a la Cámara de Representantes. Con esta decisión, se levantan además las medidas cautelares que habían suspendido temporalmente la investigación.

La Corte también exhortó al Congreso de la República a que reglamente quién debe dirimir los conflictos de competencias entre entidades constitucionales, con el fin de garantizar el debido proceso y la claridad institucional en casos futuros.