Pese a multa por desacato, Petro vuelve a llamar “ladrones” a directivos de Coosalud

El presidente Gustavo Petro fue sancionado con una multa de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes por desacatar una orden judicial que le exigía retractarse de acusaciones de corrupción contra Jaime Miguel González, exgerente de la EPS Coosalud.

La decisión fue adoptada por el Juzgado 24 Administrativo del Circuito de Bogotá, que concluyó que el mandatario incumplió la sentencia de tutela emitida el 11 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En ese fallo se le ordenó ofrecer disculpas públicas y rectificar afirmaciones en las que calificó al directivo de corrupto y lo responsabilizó de un presunto aumento irregular en la deuda de la entidad, sin respaldo probatorio.

El origen del proceso se remonta a varias intervenciones del jefe de Estado en medio del debate sobre la reforma al sistema de salud. En una de ellas afirmó: “Se robaron la plata de Coosalud”, y en otra señaló que el entonces gerente era “un bandido”. También aseguró que en la entidad se habrían garantizado préstamos por más de 200.000 millones de pesos con respaldo de recursos públicos.

El tribunal consideró que esas declaraciones vulneraron los derechos al buen nombre y a la honra de González y ordenó una retractación en condiciones similares a las acusaciones. Sin embargo, el juzgado determinó que no existía prueba de que el presidente hubiera cumplido la orden, pese a los requerimientos realizados, lo que llevó a declarar el desacato e imponer la multa, que supera los 26 millones de pesos.

Tras conocerse la sanción, Petro reiteró y endureció sus señalamientos. En su cuenta de X escribió: “El señor exgerente de Coosalud, señor González, es un corrupto y los miembros de la junta directiva de Coosalud deben ser procesados por la fiscalía, así sean familiares de expresidentes”.

En el mismo mensaje añadió: “La auditoría forense demostró que efectivamente como dije, fue garantizado un préstamo a empresas privadas ligadas al gerente por más de 200.000 millones de pesos con garantía de recursos públicos”.

Además, expresó: “Corruptos y ladrones de la salud son corruptos y ladrones. Pueden arruinarme con multas y cárcel si quieren, como hicieron cuando salí de la alcaldía, pero no me callaré ante el robo de la salud”.

El fallo mantiene vigente la orden de retractación mientras el mandatario insiste en que sus denuncias tienen sustento técnico y deben ser investigadas penalmente. La decisión judicial se produce en medio de la disputa política por el futuro del sistema de salud y el papel de las EPS en el modelo actual.